Un ciudadano boliviano identificado con las iniciales J.H.C.G., oriundo de Bermejo, habría sido liberado después de que la Fiscalía rechazara una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas, pese a que contaba con una notificación roja de Interpol solicitada por Argentina por un caso de transporte de estupefacientes.
La denuncia fue publicada por el medio El Tercero Jobolivia, que señala presuntas irregularidades en el tratamiento del caso por parte del Ministerio Público en Tarija.
Según la publicación, Interpol emitió la notificación roja contra el ciudadano el 21 de julio de 2022, en el marco de un requerimiento de las autoridades judiciales argentinas. El investigado era buscado para responder por un presunto delito de transporte de estupefacientes, contemplado en la legislación de ese país.
La investigación fue rechazada
De acuerdo con los antecedentes difundidos por el medio, en abril de 2026 la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UPOMAR) aprehendió al ciudadano en Bermejo y remitió el caso al Ministerio Público.
Inicialmente, el fiscal Alfredo Junnior Subia Ruiz dispuso la apertura de una investigación de oficio por presunta legitimación de ganancias ilícitas, a partir de información que vinculaba un inmueble de la ciudad fronteriza con posibles actividades relacionadas con el narcotráfico.
Posteriormente, el expediente pasó al despacho de la fiscal Paola Amparo Gómez Carrasco, asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Medio Ambiente, con asiento en Tarija.
Sin embargo, según El Tercero Jobolivia, la investigación fue rechazada y el ciudadano quedó en libertad. La determinación fue comunicada al juez de Instrucción Penal Primero de Bermejo.
El principal cuestionamiento es que, según la publicación, la alerta roja de Interpol solicitada por Argentina no habría sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial durante la tramitación del caso.
Observan irregularidades en la resolución fiscal
La publicación también señala un presunto error formal en la resolución de rechazo, debido a que el documento habría consignado a Beni como departamento de asiento de la fiscalía, pese a que la funcionaria desempeñaba sus labores en Tarija.
Además, el medio menciona posibles vínculos del investigado con otras personas presuntamente relacionadas con actividades de narcotráfico. Estas afirmaciones requieren corroboración por parte de las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidad penal.
Piden esclarecer la actuación del Ministerio Público
El caso plantea interrogantes sobre la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y los mecanismos de cooperación internacional, particularmente cuando existe una notificación de Interpol relacionada con un requerimiento judicial extranjero.
Corresponde establecer si la alerta roja estaba vigente y era aplicable al momento de la aprehensión, qué información recibió la Fiscalía, cuáles fueron los fundamentos jurídicos para rechazar la investigación y si se activaron los procedimientos correspondientes ante el requerimiento argentino.
Hasta contar con una respuesta oficial y documentación que permita contrastar la denuncia, no es posible afirmar que existió ocultamiento deliberado de información ni atribuir responsabilidades penales a los funcionarios mencionados.
Ahoradigital con información de El Tercer Ojo
Mira también
