El exdirector general de Migración Marcel Rivas denunció que Rebeca Barbosa Achacollo, hija de la exministra Nemesia Achacollo, habría facilitado documentación boliviana al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset utilizando una identidad falsa. El exfuncionario también presentó una denuncia formal contra los exministros de Gobierno Carlos Romero y Eduardo Del Castillo, además del exfiscal general Juan Lanchipa, por presuntos vínculos con una estructura que habría favorecido la circulación de personas relacionadas con el crimen organizado.
Durante una entrevista en el programa televisivo Que No Me Pierda, Rivas sostuvo que Marset obtuvo pasaporte, cédula de identidad y registros migratorios tanto con su nombre verdadero como con un alias. Según su versión, el narcotraficante ingresó y salió de Bolivia al menos 20 veces entre 2018 y 2019 sin mayores obstáculos.
Las declaraciones fueron difundidas este miércoles por Correo del Sur, en medio de las investigaciones sobre la red de contactos y presuntas irregularidades institucionales que permitieron a Marset permanecer en Bolivia durante varios años.
Una identidad boliviana para el narcotraficante
Rivas afirmó que Rebeca Barbosa Achacollo habría intervenido en la entrega de documentos que permitieron a Marset utilizar una identidad boliviana. El exdirector de Migración aseguró que el uruguayo contaba con documentación emitida bajo el nombre de Gabriel de Souza Beumer, además de registros vinculados con su identidad real.
El caso no es nuevo. En agosto de 2023, la Agencia de Noticias Fides informó que documentos revisados por ese medio mostraban que Barbosa Achacollo, entonces funcionaria de Migración, había firmado formularios relacionados con el trámite de pasaporte de Gabriel de Souza Beumer y autorizado la emisión de un documento de viaje.
En esa oportunidad, autoridades de Migración señalaron que Marset había presentado documentos originales y que se habían realizado verificaciones de identidad. La responsabilidad por las eventuales irregularidades debía ser determinada por las instancias investigadoras.
Denuncia contra exministros y el exfiscal general
El exdirector de Migración aseguró que formalizó una denuncia contra Carlos Romero, Eduardo Del Castillo y Juan Lanchipa para que se investigue la presunta existencia de una red institucional que habría favorecido la permanencia irregular de extranjeros vinculados con el crimen organizado.
Según Rivas, las irregularidades no se limitarían al caso Marset. El exfuncionario afirmó que desde 2020 se identificaron más de 260 casos de extranjeros que presuntamente recibieron beneficios migratorios irregulares.
También mencionó a Katherine Calderón, exfuncionaria que ocupó cargos de responsabilidad en el área migratoria, y cuestionó el funcionamiento del Servicio General de Identificación Personal (Segip) durante la gestión de Patricia Hermosa.
Estas acusaciones forman parte de la versión presentada por Rivas y deberán ser contrastadas mediante las investigaciones correspondientes. La presentación de una denuncia no implica que los señalados sean culpables de los hechos atribuidos.
Marset habría cruzado las fronteras al menos 20 veces
Uno de los puntos centrales de las declaraciones es el presunto movimiento migratorio de Sebastián Marset entre 2018 y 2019.
Rivas sostuvo que el uruguayo ingresó y salió de Bolivia al menos 20 veces durante ese periodo, utilizando documentación que, según su denuncia, le permitió circular sin mayores dificultades.
El exfuncionario considera que esos movimientos deben investigarse para establecer cómo se procesaron sus registros migratorios, qué controles se aplicaron y si existieron funcionarios que facilitaron deliberadamente sus desplazamientos.
La investigación también deberá esclarecer si hubo coordinación entre las instituciones responsables de emitir documentos de identidad, autorizar pasaportes y controlar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros.
Las preguntas que siguen abiertas
Las declaraciones de Rivas vuelven a poner bajo la lupa los controles migratorios y los mecanismos de identificación que permitieron a Marset utilizar documentación boliviana.
Entre las principales interrogantes están quiénes participaron en la emisión de esos documentos, si hubo irregularidades deliberadas y qué responsabilidades administrativas o penales podrían establecerse.
El caso vuelve a plantear una cuestión central para la investigación sobre Marset: cómo un narcotraficante buscado internacionalmente pudo acceder a documentación boliviana y desplazarse por el país. Las respuestas dependerán de las pruebas documentales, los registros oficiales y las conclusiones del Ministerio Público.
Ahoradigital
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