La Fiscalía de Estados Unidos endureció el proceso judicial contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al presentar una nueva acusación en la que lo señala de obtener cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para abastecer una red de tráfico internacional hacia Europa. Además, incorporó tres nuevos cargos, entre ellos el de conspiración narcoterrorista, y fijó para el 7 de julio la audiencia en la que se realizará la lectura formal de las imputaciones.
El nuevo documento, presentado por el equipo del fiscal federal Anthony T. Aminoff ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, sostiene que Marset lideraba el denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU), organización a la que las autoridades estadounidenses atribuyen actividades de narcotráfico, lavado de dinero y acciones consideradas terroristas bajo la legislación de ese país.
Según la acusación relevada este lunes, la estructura criminal obtenía cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para enviarla principalmente a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, utilizando puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay. Los fiscales aseguran que algunos cargamentos superaban las 10 toneladas de droga, además de emplear embarcaciones clandestinas para transportar cocaína.
El escrito judicial también sostiene que la organización utilizó complejas operaciones financieras para lavar las ganancias del narcotráfico. De acuerdo con la investigación, millones de dólares obtenidos por la venta de cocaína en Europa eran canalizados mediante bancos corresponsales en Estados Unidos para terminar principalmente en Bolivia y Perú, donde presuntamente eran utilizados para adquirir nuevos cargamentos de droga.
La acusación señala además que Marset empleaba criptomonedas, especialmente USDT (Tether), para mover dinero proveniente de actividades ilícitas, de acuerdo a publicaciones de medios uruguayos. De hecho, el mismo Marset confirmó en una carta que tiene $us 4 millones en criptomonedas.
Los fiscales incorporaron tres nuevos delitos al proceso abierto en 2024: conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos y lavado de dinero. Hasta ahora, la causa solo contemplaba el delito de conspiración para lavar activos.
El documento también describe a Marset como un líder criminal con un historial de hechos violentos. Entre los antecedentes incluidos figuran presuntas amenazas contra autoridades uruguayas, asesinatos de integrantes de su organización y el supuesto uso de granadas y explosivos para consolidar el control de la estructura criminal.
Uno de los episodios citados por la Fiscalía corresponde a la incautación de casi 1.700 kilogramos de cocaína cerca de la isla colombiana de San Andrés en junio de 2024, operación que sirve de base para uno de los nuevos cargos relacionados con el transporte marítimo de droga.
El juez Rossie Alston Jr. convocó para el 7 de julio una audiencia en la que se realizará la lectura oficial de los cargos, luego de que fracasaran las negociaciones entre la defensa y la Fiscalía para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.
Por su parte, Marset rechazó las acusaciones y, mediante una carta enviada al magistrado, reiteró su inocencia. El uruguayo sostiene que Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgarlo porque, según afirma, los hechos atribuidos no ocurrieron en territorio estadounidense. Asimismo, denunció que agentes de la DEA intentaron presionarlo para obtener acceso a billeteras digitales que, según su versión, contienen aproximadamente cuatro millones de USDT, extremo que no ha sido confirmado por las autoridades estadounidenses.
El Deber
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