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El jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que la licitación para la construcción de un hospital de tercer nivel en Potosí empezó con un precio referencial de $us 28 millones y al final se adjudicó la obra por $us 40,5 millones a la empresa Asociación Accidental Ortiz Construcciones Rubau. Sospecha que hubo sobreprecio.
Inicialmente, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí comprometió $us 18,4 millones y $us 10 millones el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de la obra.
Tras lanzarse la primera convocatoria, en noviembre de 2016, la comisión de evaluación rechazó las ofertas de Beijing Urban Construction Group y Asociación Accidental Hospital Potosí, por incumplir requisitos y presentar un precio superior al referencial.
Según la denuncia del legislador, en base a documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), ocho meses después se emitió una nueva convocatoria licitando la obra, pero con un precio referencial de $us 37 millones, es decir, Bs 262.612.000.
En febrero de 2018 se firmó el contrato con la Asociación Accidental Ortiz Construcciones Rubau, por un monto de $us 40 millones, que representa Bs 282.395.639. Núñez cuestionó las modificaciones en el precio durante el proceso de licitación de la obra.
“Lo sorprende no acaba aquí, la Asociación Accidental Ortiz se adjudica y posteriormente suscribe contrato por un monto de 282.395.639,99, es decir $us 40 millones más. Habiendo un sobreprecio y daño económico al Estado de 12 millones de $us”, sostuvo Núñez.
La conclusión de la obra está prevista para el año 2020, el presidente Evo Morales ha realizado una inspección a la obra ubicada en la Villa Paraíso en el departamento de Potosí.
El legislador manifestó que es un caso “preocupante”, porque demuestra que al Gobierno no le interesa la salud, sino las obras que implican millonarias inversiones, pero que se licitan en procesos “irregulares”.
Por esa razón, anunció varias acciones de fiscalización, planteará una petición de informe oral a la ministra de Salud, Gabriela Montaño; solicitará al Ministerio Público una investigación, a la Contraloría General del Estado una auditoría y remitirá la documentación al BID.
Página Siete
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