El proyecto de ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales se debate en Diputados. Esta norma es cuestionada por líderes políticos de oposición que ven que el Gobierno busca ponerle un ‘candado’ a la fe al controlar el manejo de sus recursos. Frente a esto, los representantes de las iglesias cristianas aclaran que toda organización que cuenta con personería jurídica ya presenta informes económicos ante la Cancillería. Aunque hacen una salvedad sobre la ley y aseguran que los diezmos no forman parte del reporte porque son voluntarios, un aspecto que el oficialismo no dio por cerrado.
“Toda organización religiosa siempre ha dado un informe económicos y de actividades a la Cancillería. Más de eso no hay. Ni debe haber. Los diezmos y ofrendas no son sujetos a impuestos. Cuando hablamos de iglesias que son sujetas con el aporte voluntario de sus miembros, no son sujetos a fiscalización ni impuestos. Si está registrada legalmente va a presentar un informe de ingresos y egresos”, indicó el pastor Munir Chiquie Nacif, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb).
Coincide el pastor Fabricio Roca, de la iglesia Cielos Abiertos, que explica que “de los diezmos y las ofrendas no se da informe”. Asegura que “el Gobierno no se mete porque son aportes voluntarios”. Al respecto, añade que el sostén económico de una iglesia proviene por lo general de los diezmos y de donaciones, ya sea a nivel interno o externo, de las que rinden el informe ante las instancias que corresponde.
Son los representantes de estas iglesias los que impulsan esta norma desde 2014, ante un vacío jurídico que identifican tras la promulgación de la nueva Constitución, que en su artículo 4 establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión.
Católicos están exentos
El vocero de la iglesia Católica en Santa Cruz, Edwin Bazan, explicó que la norma no se aplica para esta comunidad, ya que sus actividades se encuentran normadas en dos documentos firmados entre el Estado del Vaticano y el Estado de Bolivia. Se trata de las Notas Reversales, un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado boliviano, y el Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Iglesia Católica y la Cancillería.
Bazán explica que rinden cuenta de los recursos que reciben de la Gobernación para programas como la alimentación en hogares de niños. Destaca que la iglesia subsidia tareas sociales que corresponden a los diferentes niveles del Estado.
“Nos parece importante que las iglesias evangélicas tengan un marco legal que las regule”, dijo respecto a la norma en debate.
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Se analizará sobre diezmos
El presidente de la cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que el espíritu de la norma, que fue elaborada de manera consensuada, es que las iglesias que tramitan o tienen su personería jurídica sean sin fines de lucro.
Afirmó en primera instancia que “no van a controlar donaciones o aportes, a menos que provengan del Estado”, pero cuando se le consultó sobre los diezmos, el legislador dijo que estos deberán ser analizados de manera posterior, en el proceso de reglamentación de la ley. “Podrían establecerse requisitos y disposiciones mínimas para ser aprobados por Cancillería”, dijo.
Borda ratificó que la Iglesia Católica queda fuera de la legislación de este proyecto de ley.
Para Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidenciable por UCS, aliado de algunas iglesias evangélicas y que tiene un pastor como candidato a la vicepresidencia, el Gobierno promueve esta ley con fines electorales y con ánimos de controlar los recursos que maneja un sector que representa al menos un 30% de la población. “El interés es controlar el flujo de los recursos, algo parecido a lo que pasa con las ONG”, dijo.
Para la activista Pamela Flores, la ley oculta la intención de controlar el mensaje político de las prédicas, además que “si piden cuentas de los diezmos” puede ser con el objetivo de recaudar más dinero para la campaña.
Fuente: eldeber.com.bo
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