Ahoradigital – El Gobierno nacional aprobó el reglamento de la Ley 1680, que permitirá poner en marcha un sistema de protección y reparación integral para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios y otros delitos contra la vida.
La principal medida es un bono mensual de Bs 660 por beneficiario, equivalente al 20% del Salario Mínimo Nacional vigente, que actualmente se encuentra en Bs 3.300. El beneficio está dirigido a menores de 18 años y puede extenderse hasta los 25 años cuando continúen estudios superiores.
La reglamentación establece además que los menores de cinco años recibirán un paquete alimentario mensual, equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
Pero la asistencia no se limita al apoyo económico. Los beneficiarios tendrán acceso prioritario a servicios de salud, inscripción inmediata en el sistema educativo y facilidades para el traslado escolar cuando deban cambiar de domicilio.
También tendrán prioridad para acceder a becas en universidades e institutos, mientras que se contempla acompañamiento psicológico especializado y seguimiento social para conocer las condiciones en las que viven los menores y garantizar su protección.
Otro componente de la norma apunta a la protección de los bienes que puedan corresponder a los menores como herencia de sus madres víctimas de feminicidio, con el objetivo de evitar que sean dispuestos mientras se determinan legalmente los derechos sucesorios.
Para acceder a estos beneficios, el Estado habilitará un registro oficial de beneficiarios, que permitirá identificar y acreditar a las niñas, niños y adolescentes comprendidos dentro de la Ley 1680.
La medida cobra relevancia frente a la magnitud de la violencia feminicida en el país. Según datos de la Fiscalía citados por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 2 de octubre de 2026 se registraron 65 feminicidios en Bolivia.
El Gobierno sostiene que la reglamentación busca que la reparación no termine con una sentencia judicial, sino que también permita garantizar condiciones de vida, educación, salud y protección para los hijos que quedan en situación de orfandad.
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