Fortalecer las políticas públicas, el control social y las auditorías a los casos resueltos son algunas de las conclusiones del “Estudio sobre formas de resolución de casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa en el marco de la Ley 348”.
El trabajo fue desarrollado con el objetivo de identificar las barreras al acceso a una justicia efectiva y oportuna para las víctimas y sus familiares, por el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (Sepmud), en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos.
El estudio “analiza resoluciones de rechazo, sobreseimiento, retardación procesal, sentencias y su ejecución, así como el impacto de estos factores en la lucha contra la violencia feminicida y de género”, refiere una nota de prensa del Sepmud.
En la presentación del Estudio, el Sepmud destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, el control social y las auditorías a los casos resueltos, el funcionamiento del sistema judicial y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
El evento contó con la participación de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; la directora del Sepmud, Wendy Pérez; la secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá; representantes de organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional, promotoras comunitarias y colectivos de la sociedad civil comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres.
ABI
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