El aplazamiento del censo de población y vivienda para el año 2024 implica también la postergación de la redistribución de recursos para los gobiernos subnacionales y la reconfiguración de la asignación de escaños para representaciones legislativas. El último censo en Bolivia se realizó el 21 de noviembre de 2012.
Analistas prevén que el retraso del censo perjudicará sobre todo a las autoridades electas en los municipios más poblados, ya que casi en toda su gestión sólo dispondrán de los recursos asignados para la cantidad de habitantes que tenían en 2012.
Según el censo de ese año, La Paz tenía 2.719.344 habitantes, Santa Cruz 2.657.762, Cochabamba 1.762.761, Chuquisaca 581.347, Oruro 494.587, Potosí 828.093, Tarija 483.518, Beni 422.008 y Pando 110.436.
De acuerdo con las proyecciones del INE, este 2021 La Paz tendría 3.023.791 habitantes, Santa Cruz 3.363.377, Cochabamba 2.086.930, Chuquisaca 654.035, Oruro 548.537, Potosí 907.686, Tarija 591.828, Beni 507.095 y Pando 158.676.
El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, comunicó sobre el aplazamiento del censo hace dos días y remarcó que será imposible realizarlo antes de 2024, por las condiciones técnicas, financieras y logísticas. “Hemos tenido un retraso. Este censo debería haberse realizado a finales de 2023 probablemente, pero la pandemia y la elevada inestabilidad del plantel ejecutivo del INE, y la falta de coordinación de aspectos que van específicamente en el ámbito técnico han perjudicado a este cronograma. En lo que se refiere al proyecto censal, la gestión 2020 fue una gestión perdida”, manifestó Arandia.
Al respecto, Yuri Miranda, quien fue director del INE entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, indicó que si se posterga el censo para 2024 los resultados se conocerían en 2025, año electoral. Subrayó que el proyecto censal se encaminó en 2018 y que en 2019 se le dio continuidad, dejando planificado para que este 2021 se realice la actualización de la cartografía y se proceda con el censo en 2022.
“Se dejó planificado ya la realización de la ruta crítica del censo; es importante aclarar eso, y también se tenía planificado en ese documento de la ruta crítica incorporar elementos muy importantes como tecnología (…). No existe alguna razón técnica suficiente para poder postergar el censo hasta 2024; hay que tomar en cuenta la temporalidad de los censos. Si se realizara el censo en 2024 es muy peligroso porque los resultados tendrían que presentarse en 2025 y es un año de elecciones”, dijo en una entrevista con Unitel.
De acuerdo con el parágrafo III del artículo 57 de la Ley de Régimen Electoral, “la distribución de escaños será modificada por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de un nuevo censo nacional de población”.
El analista Carlos Böhrt considera que la postergación del censo obedece a dos razones: evitar la redistribución de escaños para las elecciones de 2025 y el esclarecimiento del padrón electoral, que se relaciona con los datos de población. Señaló también que este aplazamiento afecta económicamente a los municipios.
“Si postergan el censo hasta 2024 y se toman uno o dos años para dar los resultados, se mantendrá la distribución de escaños que está vigente hoy. El censo implica también llevar adelante el esclarecimiento del padrón. Esta postergación es una acción peligrosa, porque al medio está el tema de la participación de los municipios en los recursos”, expresó.
En la misma línea, Fabián Yaksic, experto en autonomías, explicó: “Se calcula la transferencia de recursos de coparticipación con base en el último censo de población y vivienda, que fue en 2012. Si el censo se realiza en 2024 afecta la cantidad de recursos que deberían transferirse a los gobiernos municipales como efecto de la coparticipación tributaria, sobre todo a los más poblados. Prácticamente esta gestión de cinco años ya habría pasado para los gobiernos municipales. Sería contraproducente para la inversión pública subnacional”.
Por su parte, el analista Paul Coca indicó: “El hacer un censo en 2024 y que los resultados estén en 2025 significa que la estructura de los escaños se mantiene, pero además deja un perjuicio a las regiones, porque los recursos de coparticipación tributaria se redistribuyen en función al número de habitantes de cada municipio. Es un perjuicio para todas las entidades territoriales autónomas, para todas las autoridades sin importar el color político”.
Para CC y Creemos el aplazamiento del censo sólo perjudica a las municipios y se observa una falta de voluntad del INE para realizarlo antes de 2024. Mientras que desde el MAS se responsabiliza a la gestión de Jeanine Añez por su postergación.
Fuente: PÁGINA SIETE
Mira también
Comentarios