Un total de 248 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia se registraron entre enero y junio del presente año, según señala el informe semestral sobre este tema que elabora la fundación Unitas.
De esta cifra, 105 corresponden a la institucionalidad democrática, siendo la categoría con mayor número de violaciones, señala el informe. Le siguen el derecho a la protesta, con 61 casos; la libertad de prensa, con 46; la libertad de expresión, con 28; los derechos de los defensores, con cinco; la libertad de asociación, con dos y la libertad de reunión, con uno.
Casos como la ampliación a la detención preventiva de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz, o la actuación irregular de funcionarios del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz en el envío de droga a España en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación, o casos de corrupción que implican a fiscales y jueces, entre otros, están registrados como actos vulneratorios de la institucionalidad democrática.
Sobre la institucionalidad democrática, ésta tiene que ver «con un sistema de equilibrios y límites al poder, que garanticen la separación e independencia entre los órganos y el cumplimiento efectivo de las normas que regulan al aparato estatal, entre otras». Los 58 casos de exhibición de personas presuntamente vinculadas a algún ilícito, tanto ante los medios de comunicación como en las redes sociales del Ministerio de Gobierno, son la muestra de una «clara desatención a la tutela de derechos fundamentales y a procedimientos básicos establecidos por ley», resalta el reporte.
«La recurrencia de estas violaciones y la exacta similitud con la que se efectúa, a pesar de las reiteradas críticas y denuncias, muestran una inobservancia sistemática a la presunción de inocencia. Es más, en ningún caso estas actividades supusieron alguna sanción efectiva y menos la activación de algún mecanismo de reparación a los daños ocasionados a las víctimas», se observa en el informe.
Los 105 casos de vulneración a la institucionalidad democrática se desglosan en actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (62 casos), procedimientos no basados en la norma (19), corrupción de autoridades (15), independencia institucional (7), procesos no adecuados a la elección de autoridades (1) e independencia personal (1).
Libertad de expresión y libertad de prensa
Los casos de vulneración a las libertades de expresión y de prensa suman en total 74, siendo las estigmatizaciones proferidas por autoridades y las agresiones a periodistas los casos de mayor renombre en estas categorías.
«La situación de los periodistas y trabajadores de prensa en el país, en tanto personas defensoras de derechos humanos, es alarmante. La extensión, frecuencia e intensidad de estos sucesos, a lo largo de los últimos años demuestra no sólo la situación de indefensión generalizada en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en el país, sino también la impunidad con la que operan los agentes que cometen las violaciones», destaca el informe.
Casos de agresión a periodistas, como las acontecidas el 10 de enero de este año en la ciudad de La Paz, cuando siete periodistas y tres camarógrafos fueron agredidos, en su mayoría, por grupos de choque del MAS, o las agresiones que periodistas recibieron de parte de policías en Santa Cruz, en las protestas por la detención de Camacho, forman parte de los registros de vulneración en estas categorías.
El registro total de casos que atentan contra ambas libertades tiene la siguiente relación: heridos (41 casos), casos de estigmatización general (16), agresión a periodistas (14), incumplimiento al deber de protección de periodistas (11), impedimento de acceso a la información de periodistas (9), amenaza a periodistas (6), agresión por libertad de expresión (5), violación a la reserva de fuentes de información (3), ataque a un medio de comunicación (2), amenazas por libertad de expresión (2), atentados contra discurso de interés público (2), estigmatización de periodistas (1) y criminalización (1).
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