La autoridad de la cartera de Justicia reveló que las magistradas Cornejo (Tarija) y Amusquívar (Oruro) arrastran una mora “preocupante” y advirtió que esa retardación de justicia puede constituirse en un delito.
Indígenas cruceños esperan un fallo del TCP desde 2018
Comunarios indígenas de Tararenda Nuevo, del departamento de Santa Cruz, esperan desde mayo de 2018 una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dentro de una acción popular en contra de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que pretende la construcción del proyecto hidroeléctrico Rositas.
Este caso fue sorteado tres meses después, el 8 de agosto de 2018, a la magistrada de la Sala Primera del TCP Elizabeth Cornejo y, desde entonces, los accionantes, comunarios indígenas, esperan un fallo que no sale casi cuatro años después de haber presentado su demanda.
La magistrada, relatora en este caso, desde ayer, martes, está en Buenos Aires (Argentina), donde participa del XIX Encuentro Iberoamericano de Magistradas denominado “Derecho al Cuidado y la Corresponsabilidad Social Por una Justicia de Género”. El TCP la declaró en comisión hasta este viernes 21 de abril.
EL CASO
Cornejo suspendió el plazo del trámite en septiembre de 2018 y en diciembre de 2019 decretó su reanudación, pero hasta la fecha la demandante Ena Taborga Soleto y los comunarios de Tararenda Nuevo no fueron notificados con un fallo.
En julio de 2018, pidieron al TCP dictar una medida cautelar que suspenda de manera temporal toda acción que siga menoscabando los derechos de los pueblos indígenas de Yumao y Tararenda Nuevo y, además, declarar la nulidad de todo acto administrativo que resulte de la decisión de ENDE de llevar adelante la ejecución del proyecto Rositas, según se indica en el expediente publicado en la página web del órgano constitucional.
LA MORA
Cornejo y su colega de sala, Giorgina Amusquívar, tienen una mora procesal de más de 1.000 causas pendientes de resolución, según denunció, en entrevista con CORREO DEL SUR, el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad de la cartera de Justicia reveló que las magistradas Cornejo (Tarija) y Amusquívar (Oruro) arrastran una mora “preocupante” y advirtió que esa retardación de justicia puede constituirse en un delito.
Según datos del TCP, hasta el 3 de abril, cada una de estas magistradas tenía aproximadamente 1.100 causas pendientes que resolver. Entre ellas, procesos desde 2018.
“Lamentablemente, el único camino que tenemos desde fuera del Órgano Judicial es el inicio de acciones legales por retardación de justicia”, aseveró Lima.
“Es un delito en el país la retardación de justicia y, por lo tanto, no vemos con buenos ojos presentar una acción, pero, en el caso de que no tengamos a una sala que se ponga al día con el trabajo, no tendremos otra opción que iniciar la acción legal”, agregó en la entrevista con este diario publicada el lunes 10 de abril.
Lima, en su condición de Presidente de la Comisión 898, de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016, afirmó que vino pidiendo constantemente informes en relación a la Sala Primera del TCP, porque allí se tramitaron casos emblemáticos “como la Sentencia 704/2022, sobre la carrera judicial y otras. Salen después de dos o tres años y la justicia que tarda es justicia que no llega a la población”.
ACCIONANTES
En este caso están como demandantes Ena Taborga Soleto y comunarios indígenas de Tararenda Nuevo y Yumao contra Jiaquín Rodríguez, presidente de ENDE.
Correo del Sur
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