Las familias afectadas con la demolición de 46 casas en el cerro de Cota de Quillacollo, en enero por un conflicto propietario, protestaron frente a la Gobernación para pedir la mediación del Defensor del Pueblo y Derechos Humanos.
Los dirigentes calificaron de ilegal la demolición de sus casas, debido a que aún está en marcha un recurso en el Tribunal Agroambiental, que será el que defina el derecho propietario que se disputan dos familias.
Fuente: lostiempos.com
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