El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la solicitud del grupo de Juristas Independientes para llevar adelante, en 2023, el referendo popular para la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma judicial, informó ayer uno de los integrantes del movimiento, Antonio Rivera.
El principal obstáculo superado fue la demanda del TSE sobre las actas de apertura y el cierre de los libros de adhesión que debían estar llenadas y suscritas por notarios de fe pública, lo que según cálculos del grupo de Juristas Independientes costaría al menos un millón de bolivianos.
Rivera señaló que la recolección de firmas comenzará el 10 de enero y espera que el referendo que viabilice la reforma judicial sea en agosto del mismo año.
La principal preocupación del grupo de juristas es la anulación de magistrados por el voto popular, porque “fue un fracaso y se debe procurar una elección con base en la meritocracia de los profesionales, a toda costa”.
En 2011, por primera vez, se llevó adelante las elecciones judiciales en el país por voto popular. El proceso se realizó para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental (TA) y de miembros del Consejo de la Magistratura (CM). El procedimiento fue en 2017 y la próxima elección de autoridades judiciales será en octubre de 2023, en caso de no modificarse el procedimiento.
La propuesta inicial del grupo de juristas tiene cuatro preguntas, aprobadas por el TSE, que serán socializadas a la población para lograr el apoyo. Estas son:
1. Creación de una Comisión Nacional de Postulaciones de funcionamiento permanente, con autonomía orgánica, administrativa y funcional integrada por nueve miembros que cumplirán funciones por 10 años sin derecho a una nueva designación y que seleccionará ternas de postulantes a máximas autoridades del Órgano Judicial, para su designación por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior aprobación o rechazo mediante referéndum.
2. Otorgar al Órgano Judicial un presupuesto mínimo anual del 3% del Presupuesto General del Estado y renovar del Consejo de la Magistratura con autonomía orgánica y funcional, integrado por siete miembros seleccionados en ternas por la Comisión Nacional de Postulaciones y designados por las instancias del Órgano Judicial para cumplir las funciones que le competen.
3. Hacer posible el ejercicio de la Justicia Indígena Originario Campesina en los ámbitos material, personal y territorial correspondientes.
4. Incluir en la Constitución un artículo que instituya juzgados de paz en los barrios de las ciudades del país, para la resolución de los conflictos menores que no tengan un carácter declarativo de derechos.
TSE respondió a las solicitudes
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que respondió a todas las solicitudes del grupo de juristas e incluso se trabajo en coordinación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) para modificar las preguntas que serán presentadas para el referendo popular a llevarse a cabo en 2023.
Las elecciones judiciales están previstas para el último trimestre del próximo año y es una de las tareas prioritarias que debe encarar el Tribunal Supremo Electoral. Sobre la elección de los magistrados por voto popular, surgieron muchos cuestionamientos relacionados con la politización de su selección y posterior designación.
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