La Cámara de Diputados, con mayoría del MAS, aprobó este viernes en grande y detalle el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, a pesar del rechazo de médicos y opositores contra la norma.
Horas antes, el Consejo Departamental de Salud de La Paz había exigido al Legislativo que se paralice el tratamiento de la Ley, dado que consideraba que abría la posibilidad de contratar a médicos extranjeros. Advirtió que, de no cumplirse su pedido, iniciarían un paro general indefinido desde el sábado.
El artículo 28 de la norma habilita al Ministerio de Salud a contratar médicos que terminaron sus estudios en Bolivia o en el exterior.
El tema fue debatido en el pleno de Diputados, donde el ministro de Salud, Jeyson Auza, aseveró que desde la salida de médicos cubanos no hay extranjeros contratados en el país y que existen bolivianos que estudiaron en el exterior.
“Los médicos que trabajan y han estudiado en Cuba, en Venezuela, en Rusia mediante becas son médicos bolivianos y no son médicos extranjeros. (Son bolivianos) que han ido al extranjero a cumplir sus estudios y han retornado acá a Bolivia para prestar un servicio”, aseveró en el hemiciclo el Ministro.
Otra de las quejas de los médicos es que la norma impediría el derecho a la protesta. El texto dispone, en ese tema, que en emergencia sanitaria no se puede interrumpir los servicios de salud por paros o huelgas.
CC abandonó
La oposición también rechaza la norma. La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) abandonó el hemiciclo mientras se trataba el tema.
El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, dijo que no se participó del tratamiento en detalle por respeto a los médicos, porque no fueron convocados para desarrollar la ley.
Entre las observaciones, CC señaló que es un proyecto hipercentralista que desconoce la competencia de entidades subnacionales, prohíbe el derecho a la huelga de los médicos, permite la contratación de
médicos extranjeros y permite cláusulas de confidencialidad en contratos de adquisición de bienes.
La norma dispone de manera general la regulación de la situación de emergencia sanitaria, como la creación del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, conformado por representantes de ministerios.
También regula las sanciones y establece que las infracciones a la salud pública sean sancionadas de manera económica, de servicio social o aislamiento sanitario, pero no así con detención de la persona ni secuestro de sus bienes.
La ley fue remitida al Senado para su sanción.
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