AHORADIGITAL.- El concejal de Entre Ríos, Rodrigo Altamirano, denunció que el alcalde municipal, Teodoro Surguay, estaría gestionando la firma de convenios intergubernativos entre comunidades de Chiquiacá y la empresa Petrobras. El acuerdo, según explicó, tendría una vigencia de dos años y beneficiaría únicamente a nueve comunidades de la zona con un monto de 200 mil bolivianos para atender necesidades locales.
Altamirano calificó la situación como un intento desesperado del Ejecutivo municipal para mostrar resultados, cuestionando que se aproveche de la necesidad de los pobladores: “Lo que buscan es que las comunidades aflojen a través de su necesidad para que la empresa el día de mañana no tenga ningún problema”, señaló, advirtiendo que detrás del convenio estaría la intención de facilitar el ingreso de la petrolera a la zona sur de la provincia, cerca del domo Oso X3, un área de recarga hídrica.
El concejal recordó que, en reuniones pasadas con Petrobras y YPFB, se mencionó que la renta petrolera estimada en Chiquiacá podría alcanzar los 6.000 millones de dólares, cifra que puso en duda al indicar que no se han realizado estudios exploratorios. Explicó además que, según la normativa vigente, el 11% de esos ingresos llegaría a Tarija, es decir, 660 millones de dólares, que posteriormente se distribuirían bajo la Ley del 45% para el Chaco, dejando muy poco para Entre Ríos.
“Con estos tristes 200 mil bolivianos no vamos a solucionar nada”, cuestionó Altamirano, señalando que mientras se negocia con las petroleras, las comunidades sufren necesidades urgentes, como la falta de caminos para que los niños puedan llegar a la escuela, relatando que existen lugares donde los menores deben caminar más de una hora por terrenos peligrosos para asistir a clases.
Asimismo, denunció falta de voluntad por parte de la Gobernación para atender estas demandas, pese a que el SEDECA cuenta con maquinaria disponible para la apertura de apenas dos kilómetros de camino: “Hemos visto que a otras comunidades, a otros municipios, invierten recursos más propiamente en el Chaco y prácticamente en nuestra provincia no hay absolutamente nada”, remarcó.
Ante esta situación, Altamirano advirtió que las organizaciones sociales de O’Connor se declararon en estado de emergencia para impedir el ingreso de Petrobras y defender los recursos naturales. Según indicó, las reuniones con las bases ya se realizaron y se acordó no permitir que empresas ni autoridades negocien los recursos de la región sin consenso ni estudios claros.
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