AHORADIGITAL.- Cesar Ramos, vocero de la Gobernación de Tarija, informó que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, encabezado por el Lic. Oscar Montes Barzón, enfrenta una nueva acusación infundada, presentada en días recientes ante la Fiscalía por Romina Salazar, asambleísta suplente.
En su denuncia, Salazar sostiene que se estaría haciendo un uso indebido de bienes y servicios públicos, específicamente la maquinaria del Proyecto Múltiple San Jacinto, en terrenos propiedad de Ruth Ponce, Primera Dama del Departamento.
Ramos aclaró que las dependencias de la Gobernación que trabajan con sectores productivos en el Departamento de Tarija prestan servicios a particulares, los cuales están regulados tanto administrativa como financieramente. En este sentido, se detalló que el Proyecto Múltiple San Jacinto ha sido responsable de la habilitación de 403 nuevas hectáreas dentro del Departamento, con la colaboración de otros sectores como SEDEGIA, SEVITA y las subgobernaciones.
La denuncia de Salazar incluye una aseveración de que Ruth Ponce no es regante del Proyecto San Jacinto, afirmación que fue desmentida con documentación oficial presentada por la Gobernación.
Asimismo, se mostró la autorización de la persona vendedora de los terrenos, los recibos de pago correspondientes por el uso de la maquinaria, y los registros que confirman a Ponce como regante desde el 5 de mayo de 2003.
El Gobierno Departamental hizo énfasis en que la denuncia de la asambleísta es completamente infundada, resaltando que la acusación fue presentada sin la debida investigación y sin esperar la información oficial. De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía, al admitir dicha denuncia sin fundamento, incurre en una falta que podría desvirtuar la confianza de la población en el sistema judicial.
En este contexto, se hizo un llamado a la reflexión sobre el rol de los asambleístas, quienes deberían actuar con responsabilidad, fiscalizando adecuadamente, proponiendo leyes y teniendo un conocimiento certero sobre el trabajo del gobierno departamental. La acusación de Salazar fue calificada como un intento de generar un “show político” y mediático, en lugar de una labor constructiva que favorezca a la comunidad.
Finalmente, el gobierno ratificó que no hay irregularidades en su gestión y que cualquier denuncia sin base debe ser rechazada por la Fiscalía, reiterando que con documentos en mano se demuestra que el trabajo del gobierno departamental sigue adelante con transparencia.
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