AHORADIGITAL.- El ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, ratificó la postura del sector en rechazar de manera definitiva el proyecto de fotomultas impulsado por el Gobierno Municipal de Tarija, y explicó que la organización transportista decidió otorgar un plazo de un mes al alcalde para revisar el contrato suscrito con la empresa responsable y buscar su anulación.
Según Pérez, la molestia del sector surge por el carácter abusivo del sistema que pretendía aplicar sanciones económicas elevadas sin haber sido previamente consensuadas: “Nosotros no vamos a dar ni 10 centavos a la empresa porque la empresa nunca ha venido y ha dicho que iba a cobrar esto; iba a ser un abuso totalmente a toda la población, a todo el departamento de Tarija”, afirmó. Indicó que las tarifas de las multas propuestas eran desproporcionadas, oscilando entre 20 y 30 dólares por infracción.
El dirigente explicó que durante la segunda reunión sostenida con los representantes de la empresa, el transporte exigió información precisa sobre los montos de las multas, pero ante la falta de respuestas claras, decidieron rechazar el proyecto. En ese momento, solicitaron la retirada inmediata de la empresa y ratificaron que el sector no permitirá la implementación del sistema en la ciudad.
Pérez recordó que el alcalde solicitó un plazo de 30 días para dialogar con la empresa y buscar una solución definitiva al contrato y estimó que el plazo vence en unos 15 días y que, una vez cumplido, el transporte evaluará los resultados del acercamiento entre el municipio y la compañía.
El ejecutivo fue enfático al señalar que el sector no realizará ningún pago ni validará sanciones derivadas de un sistema que consideran injusto y carente de respaldo social, recalcando que el compromiso asumido con las bases es firme y que todos los afiliados, tanto del transporte público como privado, fueron instruidos para no cancelar ninguna multa.
Finalmente, Pérez indicó que el transporte actuará de manera orgánica una vez concluido el plazo, convocando a un ampliado departamental para analizar si el alcalde cumplió o no con los compromisos asumidos. El dirigente advirtió que, de persistir la intención de mantener el contrato, el sector evaluará nuevas medidas, aunque por el momento apuestan al diálogo y la resolución institucional del conflicto.
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