Las organizaciones sociales de Yacuiba endurecieron este jueves sus cuestionamientos contra el Concejo Municipal por el incremento de su presupuesto para la gestión 2027 y por la demora en la aprobación del Programa Operativo Anual (POA), cuyo plazo de presentación vence este viernes 11 de septiembre.
Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Control Social y representantes de distintos barrios y sectores sociales coincidieron en cuestionar que el Concejo pretenda elevar su presupuesto a más de Bs 10 millones, mientras existen múltiples necesidades en los barrios y el municipio enfrenta restricciones económicas.
Pascual, dirigente de la FEJUVE y presidente de una OTB, expresó su rechazo al incremento y sostuvo que el presupuesto del Concejo habría pasado de alrededor de Bs 4,5 millones a más de Bs 10,8 millones.
“No estamos de acuerdo que el Concejo se suba de manera exorbitante para la gestión 2027”, afirmó.
El dirigente cuestionó además que el incremento no se condiga, a su criterio, con el trabajo de fiscalización que realizan los concejales.
“Tenemos carreteras en mal estado, caminos vecinales destruidos, la falta de agua y el exceso también de precios del agua que estamos sufriendo”, señaló.
También recordó que durante la campaña electoral los concejales habían planteado una reducción de sus salarios y, según los dirigentes, algunos incluso se comprometieron a no cobrar el bono de frontera.
“Se ponen de acuerdo cuando les conviene”
José Chambi, representante de Control Social de la FEJUVE, calificó de preocupante la situación y cuestionó que el Concejo pretenda incrementar su presupuesto mientras existen necesidades pendientes en la ciudad.
“¿Qué han prometido? Rebajarse el sueldo. ¿Qué daño están haciendo? Estaban con el primero con 4,5 millones, ahora están pidiendo el 10,5”, manifestó.
Chambi anunció que realizará seguimiento al Concejo Municipal y no descartó que las organizaciones vecinales ingresen en estado de emergencia.
El dirigente también cuestionó la demora en el trabajo legislativo municipal y aseguró que una sesión que debía abordar el POA permanecía en cuarto intermedio.
“Después de 24 horas no ni se aparece la presidenta. Esto es una burla que están haciendo”, afirmó.
Proponen reducir 20% los salarios
Mientras crecen las críticas, representantes de organizaciones sociales impulsan un proyecto de ley para reducir en 20% los salarios de las autoridades electas del Gobierno Municipal.
Richard Gareca explicó que la propuesta busca alcanzar a todas las autoridades electas y no solamente a los concejales.
“Este proyecto de ley se va a aprobar sí o sí”, sostuvo, al explicar que la iniciativa ya fue socializada con diferentes sectores.
Según Gareca, el planteamiento busca evitar que el incremento presupuestario del Concejo se utilice para cubrir obligaciones relacionadas con bonos de frontera y otros pagos de exautoridades.
La dirigente Reina Plata explicó que la propuesta plantea que el 20% descontado pueda ser compensado mediante el bono de frontera, de manera que los concejales mantengan sus ingresos, pero sin elevar el techo presupuestario del Concejo.
Plata sostuvo además que las obligaciones actualmente identificadas por bonos de frontera serían inferiores al monto que se pretende presupuestar.
“No puedes prever un monto que afecta al resto de las necesidades de la población”, afirmó.
La dirigente remarcó que existen necesidades pendientes en salud, educación, calles y otros servicios, por lo que los recursos municipales deberían priorizarse en función de esas demandas.
Mira también
La advertencia por el POA 2027
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es que el Concejo todavía no haya aprobado el POA 2027 cuando el plazo de presentación vence este viernes 11 de septiembre.
Gareca advirtió que la demora podría generar consecuencias sobre las cuentas municipales.
“Corremos el riesgo de que se bloqueen las cuentas municipales”, alertó.
El cuestionamiento también fue planteado por el representante de Control Social departamental, Hernán Morales, quien aseguró que su organización no fue tomada en cuenta para la elaboración del POA y recordó que la normativa establece la participación del control social en el proceso de formulación del POA y presupuesto.
Morales cuestionó además las cifras planteadas por el Concejo y observó particularmente el concepto de recursos propios incluido dentro de su presupuesto.
Según su interpretación, el Gobierno Municipal debe garantizar el funcionamiento del órgano legislativo, pero eso no significa que el Concejo pueda disponer libremente de recursos generados por cuenta propia.
“Decir eso es una falacia, una burrera”, sostuvo Morales al referirse al argumento de los denominados recursos propios.
También puso bajo la lupa el salto presupuestario y preguntó qué justifica que el Concejo pase de manejar alrededor de Bs 3 o 4 millones a pretender más de Bs 10 millones.
“¿De dónde? ¿Para qué?”, cuestionó.
Los dirigentes endurecen la presión
Humberto Espinoza, presidente del barrio San Juan y dirigente de la FEJUVE, resumió el principal reclamo de las organizaciones: que los concejales cumplan las promesas realizadas durante la campaña y reduzcan sus salarios.
“Cuando les conviene, firman todos, se ponen de acuerdo y cuando no les conviene y cuando tienen que trabajar en beneficio de la población… no se ponen de acuerdo”, afirmó.
Los dirigentes anunciaron que continuarán socializando el proyecto de ley de reducción salarial y anticiparon nuevas acciones de presión si el Concejo no atiende sus demandas.
Incluso se habló de movilizaciones y bloqueos al Concejo Municipal.
“Aquí no pueden hacer lo que les dé la gana”, advirtió Chambi.
La disputa queda ahora concentrada en dos frentes: por un lado, la aprobación del POA 2027 dentro del plazo establecido y, por otro, el cuestionado incremento del presupuesto del Concejo Municipal, que las organizaciones sociales consideran excesivo frente a las necesidades que enfrenta la población de Yacuiba.
Ahoradigital
