AHORADIGITAL.- El diputado Edwin Rosas informó que la justicia emitió un nuevo auto constitucional que ratifica la obligación del gobernador de Tarija, Óscar Montes, de cumplir la sentencia 0861/2024, que ordena nivelar los salarios de 629 médicos cuyos ítems fueron creados mediante la Ley 104. La medida también fija una sanción económica por cada día de incumplimiento.
Según Rosas, el fallo judicial es contundente y obliga al Ejecutivo departamental a cumplir con lo dispuesto en la anterior sentencia: “Este auto constitucional dispone y le exige que cumpla esta sentencia, la que hablamos, la del 2024, y además establece una multa de 500 bolivianos por día si es que el gobernador no cumple”, explicó.
El legislador señaló que el costo de nivelar los salarios de los médicos ascendería a más de 50 millones de bolivianos, un gasto que dijo recaerá directamente sobre las arcas departamentales, cuestionando que se destinen recursos para este fin mientras, en su criterio, no existen fondos suficientes para atender otras necesidades urgentes de la población, como la canasta alimentaria o los programas de apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad.
Rosas advirtió además que el gobernador no podrá desligarse de estas responsabilidades una vez que deje el cargo, ya que se exigirá que devuelva el dinero a través de mecanismos legales: “Estas deudas se le van a llevar a la tumba porque nosotros vamos a pedir una acción de repetición para que él hasta el último día de su vida tenga que devolver este daño económico y estos más de 50 millones de bolivianos a la gobernación y a los tarijeños”, afirmó.
El parlamentario recordó que la Ley 104 fue impulsada en su momento por los legisladores Mauricio Lea Plaza y Reina Vaca durante la gestión de Adrián Oliva, sin embargo, señaló que con la llegada de Montes al poder y sus posteriores alianzas políticas, la norma dejó de cumplirse, lo que derivó en la serie de acciones legales promovidas por los propios médicos.
Finalmente, Rosas aseguró que la sentencia judicial pone en evidencia un incumplimiento de la Ley 104 y que el costo del desacato seguirá acumulándose mientras no se acate la disposición y recalcó que los tarijeños no deben cargar con una deuda generada por lo que calificó como la incapacidad de las autoridades departamentales y ratificó que exigirá que el gobernador responda con su propio patrimonio por el daño económico causado.
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