La presidenta de la Comisión de Pueblo Indígena Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, Nely Verónica Gallo informó a El Andaluz que ya fueron notificados con la fecha de audiencia por la acción popular presentada en contra de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), por la contaminación al río Pilcomayo.
Mencionó que la audiencia se realizará la próxima semana, específicamente el viernes 20 de octubre.
Remarcó, que es la Sala Constitucional la que debe dirimir el tema, de acuerdo a la documentación que se presentó de la respaldo de la acción popular.
Recordó que fue el mismo ejecutivo nacional a través de algunos ministerios que presentó un informe en el que en primera instancia indica que hay contaminación, pero luego presentan otro informe contradiciendo al primero.
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El primer informe indicaba la presencia de metales pesados en el río, después con otro informe lo desmintieron.
Toda esa documentación, dijo que se ha presentado como respaldo a la acción popular, y será la Sala Constitucional la que valore la documentación.
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través del Servicio Departamental de Salud, hizo público un informe sobre la toma de muestras y análisis en laboratorio sobre la carne de pescado del Pilcomayo, en el que se señala que existe altos niveles de presencia de metales pesados, como mercurio y plomo, lo que es dañino para la salud.
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Otro informe que se hizo conocer por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, señala que los niveles de plomo, arsénico y mercurio están por debajo de los parámetros permisibles y que no atenta contra la salud.
La senadora indicó que se ha presentado cuatro cuerpos de documentación con toda la fundamentación de la acción popular que se ha podido trabajar.
Se trata de documentación, que no fue solamente recabada por la comisión también por senadores de Chuquisaca y Potosí y el trabajo de fiscalización de diputados, que con Peticiones de Informe Escrito recabaron la información del ejecutivo nacional.
Esperan que los vocales de la sala puedan otorgar la tutela de la acción popular para restablecer los derechos medio ambientales que se vulneraron con la actividad minera y la contaminación al río Pilcomayo.
Actividad minera
En julio del año pasado se registró la rotura del muro de dique de colas en la comunidad de Agua Dulce de Potosí, provocando el derrame de residuos mineros en el río de la zona, y sus aguas desembocan en el rio Pilcomayo.
En las últimas semanas se hizo conocer de manera pública, que en otra zona de Potosí se registró un nuevo derrame de un dique de colas de la actividad minera.
Gallo indicó que con la acción popular y en el pliego petitorio no se esta abarcando solamente a la actividad minera, a las empresas que están en el lecho del río Pilcomayo, también a los que están cerca de otros afluentes de agua, que luego llegan hasta el Pilcomayo y que incrementan los niveles de contaminación.
Piden que se cumplan con las normas ISO sistema de gestión de calidad, que se cumplan con las licencias ambientales y otros requerimientos básicos para el funcionamiento seguro de infraestructura en la industria minera.
Mencionó, que hay muchos diques de cola en la actividad minera, que son muy precarios, que son solamente amontonamiento de tierra y esto no evita la filtración como debería ser.
La estructura misma de algunas empresas, en los diques de cola, tienen que estar dentro de las normativas de construcción, no solo, para evitar derrame o roturas, también debe evitar las filtraciones.
Ilegalidad en la actividad minera
La senadora Gallo indico que hay muchas empresas ilegales que están dentro de la actividad minera y obviamente estas empresas no cumplen con ningún tipo de parámetro de control.
Las que supuestamente son legales, en algunos casos, dijo que no cumplen con la actualización de los parámetros en las licencias ambientales.
Tampoco cumplen con lo establecido en la remediación de los daños ambientales.
El tener que determinar quienes son empresas legales o ilegales dentro de la actividad minera, será después de una evaluación legal del tema.
Reiteró, que se espera que se otorgue la tutela de la acción popular y que se actúe de acuerdo a derecho y se pueda restituir todos los derechos medioambientales vulnerados de los pueblos indígenas que están siendo afectados en el medio ambiente, salud y también en su economía.
Afectación económica
Respecto a los efectos en la economía de los pueblos indígenas que viven de la pesa en el Pilcomayo, Gallo dijo que el gobierno tiene la responsabilidad como Estado de garantizar la seguridad alimentaria, lo que conlleva a la seguridad de la fuente económica de los pueblos indígenas, Weenaheyk y guaraní.
Mencionó que autoridades del gobierno se comprometieron en entregar alimentos, como parte de garantizar la seguridad alimentaria.
La senadora considera que eso no es garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, puesto que se trata solo de un bono, de la entrega de alimentos, pero cuando no haya plata no se podrá entregar la harina o el arroz que se entregan en esos paquetes y los pueblos indígenas nuevamente saldrán a movilizarse para exigir atención.
Remarcó, que se debe garantizar que los pueblos indígenas puedan subsistir de la actividad piscícola para su alimentación y otras necesidades que tengan.
Pliego de peticiones en la acción popular
En una anterior entrevista, la secretaria concejal de la directiva del Concejo Municipal de Tarija, Marcela Guerrero, autoridad que se adhiere a la acción popular, informó que con la acción se hace varias solicitudes, entre las principales, la restitución de los derechos vulnerados.
Explicó, que con la acción popular se solicita a los vocales de la sala constitucional entre los primeros puntos, la reparación de los derechos vulnerados, que se conceda la tutela de la acción.
Se pide que se reconozca al río Pilcomayo como sujeto de derechos y que se ordene la suspensión o paralización de toda actividad minera que se desarrolla a lo largo del río Pilcomayo.
Que se verifique el daño ambiental provocado, que se revise los contratos administrativos mineros.
También se solicita que se haga un estudio con enfoque multisectorial a lo largo de todo el río Pilcomayo.
Se solicita que se notifique a las cooperativas mineras que operan en el río Pilcomayo o zonas aledañas y que no cuentan con una licencia ambiental.
Que se paralice todo tipo de actividad de manera inmediata.
Guerrero mencionó que también se pide que el Ministerio de Minería cumpla con las recomendaciones de forma obligatoria en el marco de la responsabilidad que tienen.
Piden reparar el daño, la afectación a especies nativas, fauna y flora en el río Pilcomayo.
La contaminación del aire, de los recursos hídricos, por la contaminación con metales pesados, cobre, arsénico, mercurio, que además, provocan daños a la salud.
Se solicita que se realice un verdadero proceso de consulta previa, vinculadas a la protección de comunidades en su territorio.
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes complementarios, que se garantice la participación de todas las organizaciones sociales, sobre todo de los afectados directos.
También se pide que se remita antecedentes ante el Ministerio Público, tomando en cuenta que la contaminación es un delito que esta establecido en el código penal, como delito ambiental y se tienen que establecer responsabilidades.
Con la acción popular, Guerrero explicó que también se solicita que se ordene a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de realizar en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas controles para evitar la proliferación de la minería ilegal.
Tomado de El Andaluz