AHORADIGITAL.-El exdiputado Edwin Rosas manifestó su preocupación por la paralización de la ley de diferimiento de créditos, después de que una entidad financiera presentara un amparo que frenó su aplicación y según explicó, la norma ya estaba en vigencia y había sido notificada a los bancos, que incluso comenzaron a aplicarla, cuando la acción judicial interrumpió el proceso, generando, a su criterio, un escenario de inseguridad jurídica en el país.
Rosas cuestionó que la justicia intervenga en decisiones que, asegura, ya habían cumplido todas las etapas legislativas y procedimentales señalando que quienes consideraban inconstitucional la ley tuvieron oportunidades previas para presentar observaciones o acciones, pero no lo hicieron, por eso remarcó que ahora, con la norma en plena implementación, la intervención judicial revela una distorsión en las funciones del sistema judicial y una intromisión en temas políticos.
El exdiputado remarcó la gravedad del precedente que deja esta decisión y, a su criterio, esto implica que cualquier norma podría quedar suspendida por una acción judicial aun después de aprobada y promulgada, lo que, según afirmó, pone en riesgo la estabilidad del ordenamiento jurídico y en ese punto declaró: “Este tema es altamente peligroso porque nos muestra que no importa cuál haya sido el procedimiento del tratamiento de una ley, cualquier persona en el país puede evitar la aplicación de una ley”, comparando el riesgo con lo que podría ocurrir con otras normas como la Ley 348.
Rosas sostuvo que esta situación evidencia la ausencia de reformas reales en el sistema de justicia y que, en lugar de avanzar, el país retrocede en garantías jurídicas asegurando que existe un “manoseo increíble” en el ámbito judicial y que decisiones como esta convierten al sistema en un poder que actúa por encima del Legislativo y el Ejecutivo, distorsionando el equilibrio institucional y generando incertidumbre en la población.
El exdiputado también enfatizó el impacto social del freno a la normativa, señalando que afecta directamente a más de un millón cuatrocientos mil beneficiarios que esperaban acceder al diferimiento en un contexto económico crítico y recordó que muchos prestatarios ya estaban en proceso de acogerse a la pausa en los pagos para aliviar su situación financiera, pero quedaron desprotegidos tras la decisión judicial.
Finalmente, Rosas afirmó que este retroceso vuelve a perjudicar especialmente a la clase media y a los sectores de menores ingresos y expresó: “Nuevamente la gente de clase media, la gente de clase de abajo están desprotegidos porque hay una cúpula dentro de la justicia que vela intereses de privados y en ningún aspecto respeta la aplicación de la ley”, lamentando que la medida deje sin respaldo a quienes más requieren alivio financiero.
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