AHORADIGITAL.- Adelfa Farfán, ciudadana tarijeña que reside en Argentina, denunció que la Aduana Nacional le arrebató su vehículo en el puente de Bermejo tras exceder por 11 días el plazo de permanencia. La mujer ingresó legalmente el 30 de agosto para reparar su auto por economía, pero el mecánico demoró más de lo previsto.
La afectada, que no sabe leer, asegura que fue engañada para firmar documentos sin conocer que estaba entregando su propiedad. «A mí no me han dicho nada, solo me han dicho que firme nada más. Y yo le dije, yo no sé firmar y me ha dicho, firme igual, ponga el dedo», relató Farfán.
La defensa técnica, liderada por el doctor Carlos Sánchez y Maziel Farfán, calificó el procedimiento como un «modus operandi» institucional destinado a apropiarse de bienes patrimoniales de forma ilegal. Según Sánchez, la Aduana Nacional utiliza resoluciones administrativas de contrabando contravencional para dictar el comiso definitivo, incluso cuando los vehículos cuentan con toda la documentación en regla y han ingresado por pasos fronterizos legales.
«Nos encontramos ante medidas excepcionales que estarían utilizando la aduana para realizar los decomisos definitivos de los vehículos a todos los propietarios que tienen legalmente su documentación», explicó el jurista, señalando que una falta administrativa no debería castigarse con la pérdida de un activo valuado en miles de dólares.
Los juristas denunciaron graves irregularidades, como la alteración de documentos para hacer pasar el auto como «indocumentado» y notificaciones falsas. Asimismo señalan que la normativa permite pagar una multa en UFV’s por el retraso, pero la Aduana aplicó el comiso definitivo de forma desproporcionada.
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Farfán denunció que el acta de comiso entregada originalmente a la afectada señalaba que el vehículo era «indocumentado», pero que en las copias legalizadas obtenidas posteriormente en la Aduana, esa palabra desapareció. Al ser cuestionados, los funcionarios alegaron que el papel calcante se habría movido durante la impresión.
Además, se denunció que el ente estatal realizó notificaciones falsas en domicilios donde la afectada no reside, dejándola fuera de los plazos legales para impugnar la decisión.
Los juristas califican el hecho como un robo al patrimonio privado, ya que el vehículo tiene papeles en regla y no cuenta con reporte de robo internacional, señalando que actualmente tramitan un recurso de alzada ante la Impugnación Tributaria para intentar revertir una resolución que consideran ilegal y abusiva.
Adelfa, quien trabajó 35 años para comprar su movilidad, pide ayuda a las autoridades para recuperar su bien, mientras sus abogados advierten a otros residentes sobre este peligroso precedente en la frontera.
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