AHORADIGITAL.- El abogado Esteban Ortuño realizó un análisis crítico sobre el desempeño electoral del oficialismo en el departamento de Tarija, señalando que los candidatos respaldados por el presidente Rodrigo Paz han sufrido una serie de derrotas contundentes. Ortuño destacó que, en menos de seis meses, se han producido cinco procesos electorales en los que el electorado de los centros más poblados, como la capital y Yacuiba (Gran Chaco), ha rechazado las propuestas gubernamentales. Ante este escenario, el jurista sugirió que el mandatario debe evaluar profundamente su estrategia si pretende mantener una proyección política sostenible durante los años que restan de su gestión.
Respecto a la emblemática propuesta económica del «50-50», Ortuño fue tajante al calificarla como una herramienta de marketing político vacía de contenido técnico. Según el profesional, hasta la fecha no existe un documento serio que explique el origen de los fondos ni el mecanismo de implementación. «En el tema del 50%, voy a ser claro compañeros, cincuenta por ciento es un slogan, no es una propuesta. ¿Ustedes han escuchado que hay una propuesta seria de cincuenta y cincuenta? No hay», sentenció el abogado, cuestionando la falta de claridad sobre si estos recursos provendrán de la coparticipación tributaria o de la eliminación de subvenciones.
Una de las mayores preocupaciones expresadas por Ortuño radica en el destino de los recursos prometidos, los cuales estarían exclusivamente enfocados en salud y educación, explicando que, al ser estas áreas legisladas por el nivel central, los gobiernos autónomos se convertirían en simples ejecutores de decisiones tomadas en La Paz. Para el abogado, esto no representa un avance autonómico, sino un retroceso hacia la descentralización administrativa de los años noventa, donde los municipios y gobernaciones operan como delegaciones técnicas sin capacidad de decisión propia sobre sus políticas públicas.
El jurista también advirtió sobre el peligro de desatender las decenas de competencias que por ley corresponden a las alcaldías y gobernaciones si se prioriza ciegamente el esquema propuesto. Al concentrar el 50% de los ingresos en áreas de injerencia nacional, quedarían desprotegidas más de cuarenta facultades municipales y departamentales.
«Hacemos caso a lo que La Paz nos diga que hagamos. Ejecutamos los programas y los proyectos que desde La Paz nos mantienen. Eso se veía en la ley de participación popular, eso se veía en la ley de descentralización administrativa. O sea, no es una medida autonómica», puntualizó Ortuño para graficar la pérdida de independencia regional.
Finalmente, Ortuño instó al Gobierno a «deconstruir» el concepto del 50-50 para darle un sentido real y transparente, criticando las contradicciones del Ejecutivo, que en ocasiones vincula los fondos a la recuperación de dinero por el encarecimiento de carburantes y en otras a los impuestos directos.
El abogado concluyó que, mientras no se defina si la medida se basa en la coparticipación o en el IDH, y mientras el objetivo sea que las regiones paguen obligaciones que por ley le corresponden al Estado central, el plan seguirá siendo una promesa de campaña que ilusiona pero que carece de sustento para ser ejecutada.
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