AHORADIGITAL.- El vocero del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Adrián Vega, realizó un llamado público al presidente Rodrigo Paz para que se proceda a la devolución de los recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recordando que, bajo la vigencia de la Ley 767, se ha mantenido un esquema de retención del 12% que afecta a gobernaciones, alcaldías y universidades de todo el país.
Según el vocero, este fondo, creado originalmente para promover la inversión en exploración, ha resultado ser un fracaso rotundo que no ha reportado provecho alguno para las regiones tras una década de aplicación.
La dirigencia municipal sostiene que el centralismo ha utilizado el capital de las regiones para cubrir obligaciones que competen exclusivamente al Gobierno Nacional, enfatizando que el dinero secuestrado debería haberse destinado a servicios básicos como salud, educación, asfaltado y expansión de la planificación urbana, en lugar de financiar tareas exploratorias negligentes. «Han venido a cumplir y a tapar una estricta competencia del gobierno nacional en tema exploratorio y que no ha tenido ningún provecho es en ese momento en que nosotros pedimos al Gobierno Nacional que abrogue esta normativa», aseveró el vocero, instando también a los parlamentarios actuales a buscar el camino de la abrogación si el Ejecutivo no actúa de oficio.
Polémica por pérdidas millonarias en BoA
En su calidad de exlegislador, Vega también se refirió al daño económico superior a los 14 millones de dólares ocasionado por la ruta de Boliviana de Aviación (BoA) hacia La Habana, Cuba, calificando este tramo como una decisión basada en afinidades ideológicas más que en criterios comerciales. Según su análisis, este tipo de operaciones servían únicamente para el traslado de funcionarios y allegados al partido del anterior gobierno para capacitaciones en modelos socialistas y exigió que se transparenten las auditorías y se establezcan responsabilidades penales contra quienes permitieron el despilfarro de los recursos de los bolivianos.
Vega defendió su labor durante su etapa como diputado, señalando que en repetidas ocasiones denunció irregularidades en la aerolínea estatal, como el arrendamiento de aeronaves obsoletas. Sin embargo, lamentó que el sistema judicial y constitucional de gestiones pasadas frenara cualquier intento de transparencia. «Mediante el Tribunal Constitucional nos quitaron, nos secuestraron esa facultad que tenemos los parlamentarios de la censura a los ministros de Estado», puntualizó, denunciando que el Ministerio Público se encontraba «secuestrado» y se negaba a proporcionar la información necesaria para las investigaciones de fiscalización.
AHORADIGITAL
Mira también
