AHORADIGITAL.- El alcalde Johnny Torres ha confirmado la participación de la Alcaldía de Tarija como parte afectada en el proceso de imputación formulado por el Ministerio Público, tras la denuncia presentada por un concejal en relación con la ubicación del Puente 4 de Julio. Este caso se suma a otros procesos existentes, incluyendo uno por la licitación y dos relacionados con la construcción de la obra.
Torres ha reiterado que la ubicación del puente no era la más adecuada, ya que se encuentra a 300 metros del Puente San Martín, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la inversión realizada; sin embargo, será el Ministerio Público el encargado de llevar adelante las investigaciones y determinar si corresponde o no una acusación formal.
Sobre la solicitud del fiscal de congelar cuentas y retener bienes de seis autoridades involucradas, la Alcaldía ha optado por no emitir opinión, señalando que se trata de una decisión exclusiva del Ministerio Público. No obstante, se ha enfatizado que el Municipio ha cumplido con su deber legal al constituirse como víctima en el proceso.
En relación con el presunto daño económico, que asciende a 73 millones de bolivianos, el Alcalde ha señalado que la demanda establece que la mala ubicación del puente ha impedido que la inversión genere los beneficios esperados. Asimismo, ha mencionado que una ubicación más apropiada habría sido frente al Megacenter, decisión que no correspondió a la actual gestión.
Finalmente, Torres ha defendido la decisión de concluir la construcción del puente, con el argumento de que dejarlo inconcluso habría significado un perjuicio mayor para la ciudad. Según declaraciones municipales, la obra se finalizó con un costo de 71 millones de bolivianos, en lugar de los 73 millones originalmente previstos, utilizando el saldo para la iluminación y mejoras adicionales.
El caso sigue en investigación y se espera que el Ministerio Público determine los próximos pasos en este proceso.
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