A tres meses de iniciado el año, los hogares de acogida aún no logran que la Gobernación, a través del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), firme el convenio para la asignación de recursos correspondientes a esta gestión.
La coordinadora del Obispo Diocesano para Acompañar las Obras Sociales de la Diócesis de Tarija, Silvia Moscoso de Trigo, manifestó en una carta dirigida a la directora del Sedeges, María Esther Valencia, su rechazo por este retraso y por la insuficiente asignación de recursos.
“Resulta inadmisible que, después de más de 30 años de atención ininterrumpida por parte de la Iglesia Católica, aún se sigan enfrentando las mismas carencias estructurales y la indiferencia institucional”, manifestó Moscoso y dijo que el monto entregado por adulto mayor, en el caso del Hogar de Ancianos Santa Teresa Jornet, es “absolutamente insuficiente” para cubrir las necesidades básicas de los más de 90 ancianos que viven en el hogar.
La coordinadora reveló que no existe apoyo de la Gobernación para el pago de servicios básicos, ni los insumos de higiene y limpieza del centro de acogida, al igual que otros artículos básicos. “Este abandono institucional es inaceptable y debe corregirse de manera urgente”, señala en la carta. Un ejemplo de la negligencia a la que hace referencia, es el caso
del señor que el Sedeges llevó al Hogar de Ancianos para que reciba cuidados tras la amputación de una pierna, pero no les dieron medicamentos ni insumos de curación y tuvieron que ser las religiosas del hogar las que asuman una responsabilidad que no les corresponde.
En ese marco, Moscoso de Trigo señala que la asignación de fondos públicos para el Hogar “no es un acto de caridad ni una concesión política: es una obligación legal y moral que el Estado debe cumplir con responsabilidad y transparencia”, por lo que exigió que se firmen los convenios que llevan casi tres meses de retraso y se aumenten los fondos designados.

El documento señala que es de público conocimiento la reducción en los recursos de la Gobernación, pero establece que garantizar la vida digna y el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores está por encima de cualquier consideración política, económica o administrativa. “El Estado no puede seguir descargando su responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad civil”, finaliza.
Agencias






