AHORADIGITAL.-El asesor legal del Gobierno Municipal de Tarija, Luis Barrios, informó que la Alcaldía se encuentra analizando las vías administrativas y judiciales para resolver el contrato suscrito con la empresa encargada del sistema de fotomultas, luego de que se evidenciara que la firma inició cobros sin que la norma estuviera vigente y explicó que el decreto que respaldaba el proyecto no fue publicado oficialmente, por lo tanto, “no tenía validez legal”.
Barrios aclaró que la suspensión de las fotomultas fue resultado de una acción de amparo constitucional resuelta por la Sala Constitucional Primera, que determinó que el procedimiento para aplicar las sanciones no cumplía con los pasos legales necesarios: “La empresa se apresuró e inició los cobros, notificaciones, al margen de tener esta norma publicada. Eso sí ha quedado claro en la acción de amparo”, afirmó.
El jurista subrayó que el municipio no incurrió en incumplimiento alguno, ya que la decisión de no publicar el decreto obedecía a un proceso de socialización del proyecto con los distintos sectores ciudadanos, en cambio, responsabilizó a la empresa por haber iniciado operaciones sin autorización formal, lo que vulneró las condiciones contractuales: “Incluso en audiencia se ha mostrado una carta donde la empresa inicia el cobro avisando a la Alcaldía, no pidiendo una orden de inicio. Ellos nos dicen: ‘estamos iniciando’, eso no ocurre en ningún contrato público”, remarcó.
Según Barrios, la Alcaldía ya había enviado una intención de resolución del contrato por cobros indebidos, a lo que la empresa respondió manifestando su desacuerdo. Sin embargo, la acción de amparo fortaleció los argumentos municipales para avanzar con el proceso de rescisión definitiva y, paralelamente, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) notificó a la compañía con la suspensión inmediata de sus operaciones por no haber cumplido los procedimientos técnicos exigidos.
Respecto al dinero recaudado, Barrios señaló que el municipio no tiene información sobre los montos cobrados y aclaró que los ciudadanos afectados pueden acudir directamente a la empresa para exigir la devolución de los pagos realizados asegurando que la Alcaldía no tuvo participación en esos cobros, dado que no existía una norma en vigencia que los respalde.
Finalmente, el asesor legal no descartó que la empresa busque una compensación económica tras la resolución del contrato, aunque indicó que ambas partes están evaluando los mecanismos legales más adecuados con el menor daño posible para la ciudadanía y la institución, entretanto, el municipio prepara los informes técnicos y jurídicos necesarios para cerrar el proceso y evitar perjuicios adicionales.
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