AHORADIGITAL.-El abogado autonomista Esteban Ortuño criticó duramente la posibilidad de un paro escalonado en el sistema judicial, calificándolo como un síntoma de un daño institucional muy grave. El jurista tarijeño marcó una clara diferencia entre las marchas de las organizaciones sociales y las responsabilidades que tienen las máximas autoridades judiciales y explicó que los jueces están adoptando la misma lógica de amenazas que los bolivianos han sufrido por más de 20 años.
Para Ortuño, es comprensible —aunque no aceptable— que los sectores sociales protesten de esa forma, pero que las personas encargadas de aplicar las leyes en el país utilicen la misma estrategia demuestra que la sociedad enfrenta serios problemas.
«No es adecuado porque en todo caso estamos entrando a la misma lógica de la amenaza que hemos estado viviendo, hemos estado sufriendo las bolivianas y bolivianos por más de 20 años. Y yo te entiendo que los movimientos sociales te amenacen como un paro, yo te entiendo, la verdad, no lo comparto, pero te entiendo. Pero ya que los jueces te amenacen con paro, yo creo que si no ha perdido el juicio, está en casación. O sea, está en última instancia. Es decir, estamos bien complicados como sociedad».
La situación se vuelve todavía más delicada porque el país se encuentra bajo un estado de excepción. El abogado planteó que este panorama deja en evidencia dos lecturas claras: por un lado, una legal, que califica el comportamiento de las autoridades judiciales como algo nunca antes visto; por el otro, una lectura política, que deja ver la gran debilidad en la que se encuentra el Gobierno nacional. Según Ortuño, la falta de autoridad civil del nivel central es tan evidente que permite que incluso los propios miembros del Órgano Judicial se sientan con la libertad de presionar y condicionar directamente a la administración pública.
Ante el reclamo de un mayor presupuesto para el Poder Judicial, el profesional instó a los magistrados a usar sus conocimientos de las leyes para buscar salidas institucionales en lugar de perjudicar a la población con paros, recordando que las negociaciones por dinero entre los distintos órganos del Estado siempre han existido en la historia del país, pero aclaró que este diálogo debe hacerse conversando y no poniendo amenazas sobre la mesa de negociación.
Finalmente, concluyó que la justicia tiene el deber de actuar con prudencia, calma y razonamiento, y que resulta una contradicción ética inaceptable que el mismo poder encargado de resolver los problemas de la sociedad sea el que ahora emita las amenazas.
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