¿Está bien que las autoridades realicen vigilancia en las redes sociales? Son espacios públicos que se asimilan a, por ejemplo, las calles. ¿Está bien que la policía prevenga el delito en un barrio? La respuesta parece obvia. Pero la similitud, en realidad, es inexacta.
Joe Giacalone, ex oficial del Departamento de Policía de Nueva York , que actualmente enseña en John Jay College, dijo a The Economist que las plataformas son “un tesoro escondido para los investigadores”. Agregó: “La gente publica cosas que no debería: vehículos, armas, de todo. Si alguien es lo suficientemente tonto como para publicar algo en las redes sociales y se lo busca por un delito, merece que lo atrapen“.
En la frase de Giacalone hay una expresión clave: “Y se lo busca por un delito”. Eso equivaldría a que un policía, que vigila a alguien sospechoso de haber violado la ley, usara lo que le escuchó decir a otra persona en un bar. Sin embargo, lo que distintas policías y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos parecen hacer es otra cosa: vigilancia masiva. Lo cual incluye a la enorme mayoría de los ciudadanos que no han cometido un crimen.
Las herramientas de monitoreo indiscriminado de una plataforma, vigilancia automatizada y extracción de datos de navegación por ingeniería inversa están en el centro del debate. Y en particular su uso en desmedro de la libertad de expresión.
“Registros obtenidos por la Unión Nacional para las Libertades Civiles (ACLU) de California del Norte revelaron que en 2015 un departamento de policía de Fresno empleó una empresa de monitoreo de redes sociales que se jactaba de que podía ‘evitar el proceso de garantías al identificar cuentas en plataformas de individuos particulares’ y podía ‘identificar amenazas a la seguridad pública” al monitorear términos como ‘brutalidad policial’, ‘queremos justicia’, ‘disenso’ y ‘Black Lives Matter’“, informó el semanario británico.
Matt Cagle, abogado de tecnología y libertades civiles de ACLU, dijo al medio que “el gobierno no debería llevar adelante vigilancia sin motivo de sospecha de actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución”. Si bien las personas pueden controlar su configuración de privacidad, la idea de que el gobierno podría investigar todas sus publicaciones “podría resultar incómoda”, valoró The Economist.
Existen programas y empresas que analizan masivamente los datos en las redes sociales.
ACLU solicitó al FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Inmigración y Control Aduanero (ICE) y el Departamento de Estado que le brindaran documentación sobre sus actividades “que aumentaron significativamente en los últimos años” de vigilancia “de las personas en las redes sociales”.
Los organismos se mantuvieron en silencio, a pesar de que la solicitud se hizo bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Por fin sólo el FBI respondió que no podía “ni confirmar ni negar la existencia de registros”.
A continuación, ACLU inició juicio a las siete agencias federales para que expliquen cómo “recogen y analizan publicaciones en Facebook, Twitter” y otras plataformas.
“La vigilancia gubernamental de las redes sociales despierta preocupaciones graves sobre la libertad de expresión y la privacidad“, detalló en la demanda que se presentó en un tribunal de distrito en San Francisco. La revisión indiscriminada del discurso en línea “hace más probable que se investigue, se vigile o se incluya en listas de alerta, arbitrariamente, a personas inocentes“.
El monitoreo masivo no se limita a las autoridades policiales de los condados californianos. ICE, por ejemplo, recoge enormes cantidades de información sobre los inmigrantes, incluidas sus publicaciones en redes sociales, ilustró la demanda de ACLU.
“El presidente Donald Trump ha ordenado a las agencias de inmigración que realicen ‘un escrutinio extremo’ de algunas de las categorías de solicitantes de visas“, señaló The San Francisco Chronicle. “El Departmento de Estado, que considera 14,7 millones de solicitudes de visa al año, ordenó a casi todos esos solicitantes que brindaran sus identidades en las redes sociales durante los seis años anteriores“.
La mayoría de los solicitantes de visas debe informar al Departamento de Estado sobre sus cuentas en redes durante los últimos cinco años. (Shutterstock)
Pero el monitoreo federal de estos sitios populares no comenzó con el gobierno republicano: durante la presidencia de Barack Obama, en 2012 el FBI procuró información sobre “una herramienta automatizada para buscar información en las plataformas en línea”, continuó el escrito de ACLU. Y en 2016 “el FBI anunció la compra de un software que le daba acceso total a los datos en Twitter”.
El modelo llegó a los menores de edad en las escuelas públicas de Chicago. En los últimos cuatro años, un incentivo de USD 2,2 millones de la Iniciativa de Seguridad Escolar Total, del Departamento de Justicia, cubrió “los salarios de dos analistas de inteligencia y el costo de software para el monitoreo de redes sociales para estudiar las conversaciones en línea de los estudiantes”, denunció ProPublica Illinois.
El programa se quedó sin fondos en 2017, y mientras busca nuevos, se ha generado una polémica ya que la mayoría de los estudiantes, y sobre todo los padres de los estudiantes, no fueron informadossobre su aplicación.
“Aunque algunos podrían aplaudir al FBI por rastrear amenazas en línea, otros recuerdan su iniciativa Cointelpro, que duró desde 1956 a 1971 e implicó la vigilancia y la infiltración de grupos a los que la agencia consideraba subversivos, entre ellos las organizaciones de derechos civiles”, recordó The Economist.
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A diferencia de ese programa, el software para minería de datos hace la vigilancia indiscriminada mucho más económica. Y la tendencia de la gente a vivir sus vidas en las redes sociales la facilita, evaluó el artículo.
La tecnología actual permite un gran alcance a un bajo costo para monitorear las redes sociales.(Flickr)
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