La muerte de Alejandro Pupo Echemendía el pasado 9 de agosto, mientras se encontraba bajo custodia policial acusado de correr apuestas ilegales, ha reavivado la ola de denuncias contra las condiciones de encierro y la violación de los derechos humanos a que son sometidos los reclusos en cárceles de Cuba. Violaciones que suelen sufrir tanto los reclusos comunes como los políticos, y que incluyen desde golpizas programadas y traslados arbitrarios hacia centros penitenciarios alejados de sus provincias de origen hasta muertes por negación de asistencia médica.
«Cada una de esas muertes representan uno de los más oscuros secretos del gobierno cubano, y los familiares de las víctimas llegan a ser coaccionadas y amenazadas con fuertes represalias en caso de hacer declaraciones públicas a la prensa internacional», reveló Tomás, exguardia penitenciario en el occidente del país.
Arrestado por estar involucrado en una riña tumultuaria el 19 de octubre de 2014, el joven Antonio Leyva Tejeda murió bajo custodia policial a consecuencia de una severa golpiza en la unidad conocida como Parque 24. Sus familiares denunciaron ante un observador de derechos humanos que fue lesionado sin gravedad en la riña, por lo que se le llevó a recibir atención médica. A su regreso del hospital, explicaron, «fue severamente golpeado por discutir con los policías, quienes lo encerraron en un calabozo durante un día, hasta que se dieron cuenta de que su estado era grave». Pocas horas después de ser conducido nuevamente al hospital, Leyva Tejeda falleció.
Funerales bajo vigilancia
La madre de Alberto Macías Alfonso denunció la muerte de su hijo a consecuencia de otra brutal paliza, recibida en julio de 2015 mientras se encontraba bajo custodia policial en la provincia de Matanzas, acusado de hurto y sacrificio de ganado mayor. Las autoridades le dieron la inverosímil explicación de que Macías Alfonso, de 40 años, había fallecido «al caerse de la cama, por lo cual sufrió una fracturó triple en una pierna y otras lesiones a consecuencia de la misma caída».
Los funerales de los ciudadanos que mueren bajo estas circunstancias, siempre después de ser víctimas de severas golpizas, suelen ser fuertemente custodiados por miembros de la Seguridad del Estado.
El régimen cataloga como amenaza a la seguridad nacional toda revelación de información sobre las muertes que ocurren en prisión o en dependencias de los órganos de la Policía Nacional.
En noviembre de 2017 Yandis Francisco Vázquez Díaz –interno del centro penitenciario de Melena del Sur, provincia Mayabeque– habló a su madre de la muerte de otro interno, quien días antes había sido víctima de una severa golpiza propinada por varios guardias. Su comentario fue escuchado por los guardias, que posteriormente le amenazaron con que sería el próximo.
La madre de Vázquez Díaz pidió entrevistarse con Pedro Ochoa, jefe del penal, alegando serios temores por la vida de su hijo. Como única respuesta del oficial, recibió también una amenaza: su hijo sería «puesto en una celda de castigo y en aislamiento durante todo el tiempo que le restaba para extinguir su condena».
A raíz de las represalias contra Félix Núñez Ibarra, un interno de la prisión de Santa Clara acusado de filtrar grabaciones sobre la situación de las cárceles, se llegó a especular con que el índice creciente de muertes en cárceles o bajo custodia policial formaba parte de una estrategia de sabotajes, orquestada desde los mandos militares y policiales «desencantados» del régimen.
Hacinamiento en las cárceles cubanas
A inicios de 2018 el Instituto de Investigación sobre Políticas Criminales emitiría un informe exhaustivo, donde se cataloga a Cuba como el segundo país de la región –comprendida por México, América Central y el Caribe– con la tasa más alta de hacinamiento en las cárceles.
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