Después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la tasa de homicidios cayó al punto más bajo en décadas. Pero los asesinatos de activistas, concejales, líderes indígenas y ambientalistas se han incrementado en todo el país.
Jamundí, Colombia. Primero sobrevivió a un ataque con machete. Meses después estuvo frente a un grupo armado al que le rogó que no lo mataran luego de enterarse de que su nombre estaba en una lista de ejecuciones.
A fines de julio, un grupo de hombres armados siguió a Libardo Moreno, un activista comunitario de 76 años, hasta su finca en el oeste colombiano. Se acercaron a la reja y pidieron ayuda por un neumático ponchado. Cuando Moreno se acercó con la bomba, le dispararon en el cuello y el pecho.
“Dijo: ‘Me mataron, me mataron’”, recordó su esposa, Margarita Fernández, quien lo encontró tirado en el concreto. “Las motos se fueron y lo dejaron allí”.
En el 2016, el gobierno colombiano declaró de manera oficial el fin de un conflicto armado que duró más de cinco décadas al firmar un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el plazo de un año la tasa de homicidios alcanzó su nivel más bajo desde 1975, un cambio impresionante para un país donde murieron más de 200.000 personas a causa de la guerra.
Sin embargo, hay un elemento de la violencia que definitivamente no ha disminuido: los asesinatos de activistas, incluidos sindicalistas, concejales, líderes indígenas y ambientalistas que han sido atacados en todo el país.
Pareciera que estos asesinatos más bien han aumentado durante el periodo de paz.
Moreno es uno de por lo menos 190 líderes comunitarios que fueron asesinados en lo que va del año, con lo cual el país parece encaminado a sobrepasar la cifra total de homicidios de activistas en 2017, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, un grupo de investigación.
Pocos de estos casos han sido resueltos por el gobierno colombiano, aunque se ha detectado un patrón: casi todos los asesinatos han sucedido en zonas que dejaron los ex guerrilleros de las FARC cuando se desmovilizaron después del acuerdo de paz.
Al principio, la salida de los guerrilleros fue positiva para activistas y organizadores comunitarios; les dio la oportunidad de impulsar proyectos de infraestructura que habían sido necesarios desde hace décadas, como caminos, acueductos u otros servicios para las zonas.
Sin embargo, el gobierno aún no ha tomado el control de muchas zonas abandonadas por los rebeldes. En vez de eso han llegado narcotraficantes, grupos paramilitares y facciones rebeldes.
Estos grupos ven los proyectos de desarrollo de los activistas como una amenaza que atrae atención no deseada y que podría interferir con las actividades ilegales, según los residentes.
Eso ha dejado a los activistas a merced de los grupos criminales.
“En esas regiones las FARC se fueron y el Estado nunca llegó”, dijo Carlos Guevara, director de Somos Defensores, grupo de investigación que monitorea los ataques contra activistas.
Tan solo en un periodo de dos días, a mediados de este año, fueron asesinados diez activistas en ocho provincias distintas; entre las víctimas figuran un organizador político de izquierda, un líder campesino y dos representantes de un grupo indígena que fueron abaleados el 6 de julio.
Esa misma semana, a Martha Milena Becerra la llamaron para avisarle que su madre, una organizadora comunitaria de las afueras de Quibdó, al oeste del país, también fue asesinada apenas minutos después de que las dos habían terminado una conversación telefónica.
“Ella decía: ‘¿Por qué vienen a buscarme, si no le hice daño a nadie?’”, dijo Becerra, quien empacó lo que tenía y se fue de Quibdó con su hermana.
El 19 de agosto, Marisel Tascus Pai iba a una reunión con su esposo, el líder indígena Holmes Niscué, cuando él también fue atacado. Niscué recibió nueve impactos de bala. Poco antes los grupos guerrilleros lo habían culpado por una redada del gobierno contra sospechosos de narcotráfico que resultó en siete muertos en julio.
“No tenemos ayuda y ahora dormimos en el piso”, dijo Tascus Pai, la viuda, quien ha estado escondida desde el funeral de Niscué.
Adam Isacson, analista del grupo de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), dijo que los asesinatos de líderes comunitarios y sociales representan los inicios de un desmoronamiento social más generalizado en Colombia, a pesar del acuerdo con las FARC.
“Hubo un periodo de tranquilidad en el que la gente estaba en espera conforme los concejos y líderes sociales por primera vez hacían política libremente”, dijo. “Pero eso ya se terminó. Se abrió una ventana por un tiempo y el Estado no pasó por ahí, lo hicieron otros grupos armados”.
Los asesinatos representan un importante desafío para el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, quien llegó al poder el 7 de agosto y ha prometido hacer cambios al acuerdo de paz, pues dice que requiere correcciones.
En respuesta a unas preguntas formuladas por The New York Times, el gobierno de Colombia dijo en un comunicado que los homicidios son “un grave fenómeno que preocupa profundamente al presidente de la república”. Los funcionarios atribuyen las muertes a la violencia vivida en Colombia durante los últimos años y aseguran que el gobierno trata de encontrar nuevas maneras de proteger a los líderes y activistas comunitarios.
“Colombia es un país democrático en donde se dan las garantías para hacer política”, indicaron las autoridades.
En otros niveles del gobierno hay opiniones distintas. En julio, la Procuraduría General de la Nación dijo que en algunos casos los grupos criminales actuaron en complicidad con la policía y el ejército para perpetrar los asesinatos./El Comercio.
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