AHORADIGITAL.- Una comisión integrada por parlamentarios, el Comité Cívico Juvenil y comunarios de la zona de Tariquía realizó una inspección in situ en el sector de Saicán, donde se pretende intervenir una superficie de aproximadamente dos hectáreas para actividades exploratorias. La senadora Marcela Guerrero denunció que durante el recorrido de siete kilómetros intentos de obstaculización por parte de Petrobras, YPFB y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), quienes habrían intentado desviar la ruta hacia senderos sin condiciones para invalidar la diligencia.
Pese a esto, la autoridad judicial logró verificar la existencia de estacas y puntos de estudios hidrográficos que confirman la presencia previa de la petrolera en el área protegida, desmintiendo las versiones oficiales que negaban la intervención en el lugar.
La preocupación central de la comitiva radica en el impacto ambiental «lapidario» que generaría la apertura de caminos de 12 metros de ancho en una zona de alta pendiente y recarga hídrica. Los asambleístas advirtieron que el proyecto no solo destruiría miles de árboles, sino que contaminaría las vertientes y riachuelos que abastecen a las comunidades locales, especialmente al confirmarse en el expediente el uso de sustancias nocivas para la exploración.
«La afectación es totalmente desastrosa, porque estos siete kilómetros donde está la plancha territorialmente es una pendiente y toda esta agua es un cabezal de toda la recarga hídrica y de varias vertientes», señaló la representación parlamentaria durante el reporte de la inspección.
Fernando Leyton, presidente del Comité Cívico, calificó el proceso como viciado e ilegítimo, fundamentando esta postura en un informe del Tribunal Supremo Electoral que ratifica la inexistencia de una consulta previa válida con las comunidades campesinas, cuestionando duramente el rol de la Procuraduría General del Estado y de las instituciones ambientales, acusándolas de actuar en favor de las empresas extractivistas y en contra de los intereses de Tarija.
Ante esta situación, no descartaron iniciar medidas de presión en las calles la próxima semana para respaldar la decisión que deba tomar la justicia agroambiental y defender la integridad de la reserva.
Finalmente, los movilizados hicieron un llamado a la población a mantenerse expectante ante la audiencia programada para este martes en el juzgado de Entre Ríos, donde se definirá la medida precautoria para frenar las actividades de Petrobras. Criticaron también la ausencia de autoridades locales y de algunos parlamentarios que, a su juicio, priorizan la campaña electoral sobre la defensa de los recursos naturales del departamento.
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