A dos días de la reunión entre la COB y Evo Morales, el vicepresidente censuró a quienes reclaman el beneficio y que perciben un salario alto respecto a otros
El reclamo de un segundo aguinaldo por parte de los trabajadores que perciben un salario superior a Bs 15.000 no es moralmente correcto. Con este concepto, la segunda autoridad nacional, Álvaro García Linera, certificó su posición alegando que el beneficio busca favorecer a quienes tienen menor entrada de dinero y que es una conquista que reafirma el modelo económico boliviano.
El vicepresidente hizo esta representación haciendo referencia a la posición de la Central Obrera Boliviana (COB), cuyos representantes se reunirán el lunes para afinar detalles sobre el pago del segundo aguinaldo, entre ellos la supresión de la regla del tope salarial, además de ser abonado hasta marzo (para el sector privado) y que el 15% se destine para la adquisición de productos hechos en Bolivia.
Hace unos días, el máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, señaló el rechazo de las medidas planteadas por el Gobierno y dio un plazo de 72 horas para dejarlas sin efecto, caso contrario se exigirá la renuncia de tres ministros, Economía, Trabajo y Planificación del Desarrollo, Mario Guillén, Héctor Hinojosa y Mariana Prado, respectivamente.
EL DEBER agotó los recursos para conocer nuevamente la posición de Huarachi, pero no hubo respuesta, al igual que con otros ejecutivos de la COB y el secretario de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda.
En cuanto a los empresarios privados se conoce su posición, donde resaltan su rechazo a la obligatoriedad del pago, a pesar de la flexibilización expuesta por el Estado, y mantienen sus previsiones respecto a los riesgos que puede generar para la economía el pago del segundo aguinaldo.
Entretanto, las pequeñas y medianas empresas ya toman sus previsiones y empiezan a registrarse como proveedoras del porcentaje que estipula la norma en productos nacionales, según el informe de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype).
Denuncias laborales
Desde hace casi un año, Emilio Cáceres (24) realiza labores de mantenimiento en un local nocturno del centro de la capital cruceña. Ansioso llegó a la Dirección Departamental de Trabajo para exponer su situación: a todos sus colegas de trabajo le desembolsaron el primer aguinaldo que corresponde por ley, pero a él no, pese a que las normas estipulan que debe recibir el beneficio.
El jueves feneció el plazo para hacer efectivo el pago y la ley del 18 de diciembre de 1994 establece que “toda empresa pública, privada, comercial, industrial de servicios y de cualquier otra actividad o negocio con o sin fines de lucro, están obligados a pagar a sus trabajadores el aguinaldo de Navidad”.
Hasta la Jefatura Departamental de Trabajo se apersonaron cerca de 20 personas durante el día posterior al cumplimiento del plazo, cifra similar a la de 2017, de acuerdo con el informe de uno de los funcionarios. Para lo que sí hubo largas colas fue para presentar los requisitos para someterse a la prórroga del doble aguinaldo de la gestión 2018, aunque todavía no se conoce cuántas empresas justificaron su sujeción a la normativa.
Por parte de los departamentos de La Paz y Cochabamba, los números de denuncias también son bajos, según los jefes de las respectivas unidades, Ariel Alanoca y Adolfo Ariste.
Los ejecutivos consultados coincidieron en la respuesta al ser abordados sobre el número de empresas que ya hicieron efectivo el beneficio de Navidad a sus trabajadores. Alegaron que estas tienen la obligación de presentar sus planillas de pago hasta el 31 de diciembre, por lo que todavía no existe un reporte sobre quiénes desembolsaron en el tiempo establecido este primer aguinaldo.
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