La Defensoría del Pueblo evidenció vulneraciones a la normativa laboral que afectan a trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, que está a cargo de la empresa china Sinohydro Corporation Limited y que se ubica en la Provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Pero además denunció que Jefatura Departamental de Trabajo permite la existencia de subcontratación y tercerización de parte de esa compañía.
Además de la subcontratación y tercerización, la Defensoría evidenció que la alimentación que reciben los obreros es insuficiente, pues no guarda relación con el esfuerzo físico que despliegan y no reúne las condiciones nutricionales adecuadas, aspecto que se agrava ante la pandemia del COVID-19.
También el informe respectivo señala que las viviendas de los obreros no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, pues, por ejemplo, en los dormitorios precarios que miden 4×5 aproximadamente duermen 10 personas en promedio y lo hacen en ‘payasas’, que se encuentran en el piso lado a lado y sin medidas de bioseguridad.
Además, menciona que el campamento carece de cámaras de desinfección y la fumigación no es permanente.
Los instrumentos de trabajo que se les dota a los trabajadores, como palas, picotas, mezcladoras de cemento y otros, son insuficientes y de uso común, y tampoco son desinfectados para su utilización. La ropa de trabajo y equipos de protección personal que se les dota no son los adecuados, debido a que sólo se les da de forma mensual botas, ponchos, guantes y barbijos, pero no overoles de trabajo, gorras, máscaras faciales ni desinfectantes de manos, señaló la Defensoría.
La situación se agrava porque en el campamento del Grupo 1 no existen servicios de salud ni botica de primeros auxilios con medicamentos esenciales para los “subcontratados o terceristas”, con lo que no tienen acceso a la atención básica en caso de accidentes de trabajo o enfermedades, como el COVID-19, agrega el informe.
Respecto a las subcontrataciones, las Defensoría indicó que se ha constatado la existencia de seis empresas “contratistas” que subcontratan a un aproximado de 120 personas en calidad de “subcontratadas o terceristas”.
Estos trabajadores realizan labores de construcción y mecánica, así como de señalización en el camino, en condiciones laborales inadecuadas y sin las medidas de bioseguridad necesarias ante la pandemia del COVID-19. Ninguno cuenta con un contrato de trabajo y reciben un pago Bs 87 por jornal diario, sin derecho al seguro social obligatorio ni realizan aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), señala.
El Asesor Legal de la empresa Sinohydro reconoció que a través de los contratos que suscriben con los “contratistas” permiten la “subcontratación y tercerización” de trabajadores, y que no supervisaron ni fiscalizaron el cumplimento de la normativa sociolaboral y de bioseguridad de ese grupo de subcontratados, según el informe.
La Defensoría también evidenció que Jefatura Departamental del Trabajo no tomó acciones en contra de esta situación, pese a que conoció denuncias de los representantes de los trabajadores y realizó una inspección a los campamentos de esta compañía.
En ese marco, la entidad defensorial recomendó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social investigar y emitir las sanciones que correspondan, además de precautelar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores “subcontratados o terceristas”.
Erbol
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