Tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso golpe de Estado I, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunciaron y refirieron que el estado de derecho no es un regalo y que cada vez que está amenazado debe defenderse.
“Un país prospera donde reina el estado de derecho, no nos van a regalar el estado de derecho, el estado de derecho se defiende cada vez que esté amenazado, el camino es largo y requiere de mucho aliento, como ciudadanos vamos a encontrar cada vez mejores maneras de enfrentar los abusos, de defender nuestras causas, de lograr que se haga justicia”, sostuvo el presidente de los empresarios cruceños, Jean Pierre Antelo.
Indicó que como familia productora, mejorarán la economía, pese a que se enfrentan las restricciones, regulaciones innecesarias y los abusos de aquellos “que quieren meter la mano” en sus bolsillos.
En ese sentido, Antelo demandó que todos los políticos asuman su responsabilidad para que las leyes se cumplan y la voluntad de la población se respete. Exige que todos los poderes del Estado cumplan de manera estricta las leyes, sin agresiones y menosprecio en contra de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, sostuvo que la fortaleza que tiene Santa Cruz se logró gracias al empuje de su gente y de miles de familias que producen y venden sus productos, “eso es la locomotora del sueño cruceño”, indicó.
Asimismo, el presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, aseguró que defenderán el estado de derecho y que, como productores, defenderán la tierra contra los avasalladores, traficantes y usurpadores y sobre todo defenderán siempre los valores que los ayudan a crecer, el respeto a la propiedad y la inversion
“La sociedad cruceña no se cansará de pedir justicia”, manifestaron los empresarios privados, la Cainco y la CAO.
Los empresarios demandaron a todos los Poderes del Estado a que cumplan estrictamente la ley, “que se garantice el orden social sin agresiones, sin insultos, ni menosprecio en contra de los ciudadanos”, manifestó.
Página Siete
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