Las cifras que por el bloqueo de campesinos afines a Evo Morales deja cifras que golpean la economía. Este sábado, cuando se cumplen 13 días de la medida de presión, el gerente del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), Gary Rodríguez, señaló que las perdidas suman 1.000 millones de dólares, cifra que continuará subiendo pues la medida de presión continúa en Cochabamba.
“Nosotros estamos de acuerdo con el cálculo que ha hecho el Gobierno, de un poco más de 75 millones de dólares por día. Eso significa que desde el 22 de enero ya tenemos una pérdida agregada de $us 1.000 millones”, explicó Rodríguez, a UNITEL.
Rodríguez agregó que a las pérdidas económicas, hay que agregarle las afectaciones que sufren en sus negocios los exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, trabajadores e incluso los consumidores.
“Cargamos con la elevación de precios y también con la pérdida de la imagen internacional, y una vez más con la afectación de nuestro derecho a vivir en paz, en armonía y a circular libremente”, puntualizó.
El 22 de enero, sectores sociales afines a Evo Morales decidieron iniciar un bloqueo nacional de carreteras, exigiendo la renuncia de los magistrados ‘autoprorrogados’ y que se lleven adelante las elecciones judiciales.
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El viernes 2 de febrero, la clase política anunció que se había llegado a un acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales. Horas más tardes en Santa Cruz, los campesinos ‘evistas’ anunciaron que iban a levantar todos los bloqueos en el país; sin embargo, la medida se mantiene en Cochabamba.
“Bolivia lo que menos precisa en este momento es bloquear su desarrollo y lo hemos dicho hasta el cansancio. Cualquiera sea el bloqueador, cualquiera sea el motivo, no podemos estar ajenos a que el bloqueo bloquea nuestro desarrollo, así parezca redundante”, señaló Rodríguez.
Ante la medida de presión que se mantiene, Rodríguez pidió hacer cumplir la Constitución y las leyes bolivianas. Citó por ejemplo el artículo 21 de la Carta Magna, que habla del derecho a la libre circulación y el 46, con el que se garantiza el derecho al trabajo.
“Lo que tienen que hacer es lo que dice el artículo 213 del Código Penal, sancionar y meter a la cárcel de 2 a 8 años. Eso es lo que dice el Código Penal, cuando hayan perjuicios por obstaculizar los diferentes modos de transporte”, señaló Rodríguez.
UNITEL
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