El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y denunció un endeudamiento de “contrabando” por $us 4.400 millones.
La autoridad académica recordó que la validación de empréstitos debe pasar por la validación legislativa, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE).
Cuéllar instó a los legisladores de la oposición a unirse y tratar el proyecto en la Asamblea Legislativa para garantizar el debate democrático y evitar “la aprobación automática” que la Constitución establece en caso de que el PGE no sea tratado dentro de los 60 días previstos.
“El endeudamiento debe ser tratado en una sesión aparte, según lo establecen la Constitución y un decreto supremo. Lo que están haciendo es modificar leyes de manera oculta, aprovechándose de que el proyecto podría aprobarse sin debate. No sesionar es ser cómplice del Gobierno”, afirmó el rector, señalando que esto hipotecaría el futuro del país.
Además, Cuéllar pidió que no se declare receso legislativo a mediados de mes, advirtiendo que ello impediría el tratamiento del presupuesto. Solicitó explicaciones técnicas al respecto y reiteró la importancia de abordar temas como el abastecimiento de combustible y dólares, además de frenar la toma ilegal de tierras.
La Ley financial ingresó al Legislativo a fines de octubre, pero recién se divulgó para su tratamiento estos días. Esta semana, debería comenzar el tratamiento en la comisión de Planificación de Diputados y el plenario tendría el viernes para validarlo.
La próxima semana, el Legislativo debe tratar la resolución para el receso de fin de año, además porque el próximo domingo se realizarán las elecciones judiciales «parciales» en todo el país.
Rechazo regional al PGE
El reclamo de Cuéllar se suma a las críticas de siete de los nueve gobernadores del país, quienes la pasada semana rechazaron el proyecto, por incumplir acuerdos previos alcanzados en el Consejo Nacional de Autonomías.
El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, destacó entonces las inconsistencias en la distribución de recursos y la falta de inclusión de las regiones en la planificación presupuestaria.
El PGE 2025 propone un presupuesto consolidado de Bs 296.565 millones, con un incremento del 11,7% respecto al año anterior. Aunque prioriza sectores como educación y salud, mantiene un elevado déficit fiscal del 9,2% del PIB, sustentado en un modelo de alto gasto público y subvenciones.
Expertos han advertido sobre la insostenibilidad de este esquema, agravado por la creciente deuda externa y el difícil acceso a dólares, lo que fomentó un mercado paralelo de divisas.
Por su lado, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz expresó su preocupación ante el PGE 2025, presentado por el Ejecutivo.
La institución advirtió en un documento que el documento refleja un modelo económico que consideran agotado, con un alto déficit fiscal, endeudamiento excesivo y medidas que, según su análisis, afectan la institucionalidad del país.
El Deber
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