De acuerdo a un informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), desde el 2006, el Estado boliviano pagó $us 985.281.010 por más de una decena de arbitrajes internacionales interpuesta por empresas en estrados internacionales, a causa de la nacionalización.
“Cómo nos ha ido en las demandas arbitrales en general, hablamos de todas. Bolivia ha sido objeto de demanda en conjunto por empresas transnacionales por un monto de 4.136.044.700 de dólares, el monto que ha pagado Bolivia por la nacionalización es de 985.281.010 dólares, del 100% de monto por los que nos han demandado, solo hemos pagado 23,82%”, afirmó el procurador Wilfredo Chávez.
La semana pasada, la autoridad brindó un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores a solicitud de los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), respondió a ocho preguntas relacionada a los gastos por la compensación a empresas que demandaron al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
A la vez, Chávez dijo que el monto erogado solo representa al 23.82% del total de los recursos demandados por las empresas, mismo que asciende a $us 4.136.044.700, es decir que ahorró $us 3.150.763.690 que significa el 76.18%.
Sin embargo, haciendo una sumatoria de los casos que explicó el procurador la suma que se pagó es de $us 1.050.601.192 en 12 demandas arbitrales, habiendo una diferencia de al menos $us 65.320.182.
Los casos
En 2010, el Estado boliviano pagó $us 100 millones a la empresa de Euro Telecom International (ETI) que demandó al país por la nacionalización de Entel, en 2006, el monto demandado inicialmente fue de $us 1.089.582.000. En ese contexto, Chávez explicó que en este caso se llegó a un acuerdo entre partes y el caso está cerrado.
La indemnización más alta es la que se pagó a Pan American Energy por la nacionalización de la empresa petrolera YPFB Chaco S.A., en 2009, a la que se desembolsó $us 357.023.360 como parte de un acuerdo que se llegó en 2014.
En julio de 2018, se conoció que el país perdió la demanda arbitral ante el CIADI que fue interpuesto por la sociedad chilena Quiborax S.A y Non Metallic Minerals S.A., debido a la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni. Se acordó un pago de $us 42,6 millones después de una larga controversia por la falta de atención de las autoridades del Ejecutivo.
En 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia por la nacionalización del sistema de pensiones BBVA Previsión y estableció una indemnización de $us 105.017.182, a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A que demandó al país por el traspaso de los fondos de pensiones a manos del Estado.
De acuerdo con la explicación del procurador, en los tres casos cerrados ante el CIADI, el Estado pagó $us 499.700.090 y dijo que esa cifra solo representa al 18.28% del monto total demandado por las empresas demandantes.
El 26 de febrero de 2014, la empresa Red Eléctrica Internacional S.A.U., presentó la notificación de arbitraje contra el Estado por la apropiación de la Transportadora de Electricidad S.A., en favor de ENDE. Tras una negociación la firma aceptó la compensación de $us 65.268.000.
La firma Inversiones Econergy Bolivia S.A., demandó internacionalmente al Estado por la nacionalización de la empresa Corani S.A. – Energía, en 2010, pasando a la administración de ENDE. El gobierno arribó a un acuerdo con la empresa para la indemnización de $us 18.425.000
La nacionalización de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., causó que la firma The Bolivian Generating Group LLC, que estaba a cargo de su administración, demande al país en mayo de 2010. Se llegó a un acuerdo para la indeminización de $us 10.245.627.
En 2014, las empresas Iberdrola S.A., e Iberdrola Energía S.A.U., interpusieron un arbitraje internacional por la apropiación de las subsidiarias de Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser que brindaban el servicio de energía en el país. se acordó el pago de $us 34.175.648.
En 2015, la Paz Holdings LTD notificó al país con una demanda arbitral por la apropiación de las Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser, porque tenía un paquete accionario en cada una de ellas. Sobre ese proceso. Bolivia negoció con la empresa a través del Ministerio de Hidrocarburos, ENDE y la Procuraduría por $us19.505.531.
El 1 de marzo de 2012 la Empresa Rurelec Plc., constituida en Londres, demandó al Estado el Tribunal Arbitral conformado ante la Corte Permanente de Arbitraje CPA, por la nacionalización de la Empresa Guaracachi América Inc., del sector energía. Por Laudo Arbitral de fecha 31 de enero de 2014, estableció una compensación $us36.023.114, pero a través de una negociación se logró reducir el monto a $us 31.534.613.
Finalmente, la South American Silver Limited, accionista de la empresa Mallku Khota – sector minero, notificó al país con un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje. Esa instancia, el 22 de noviembre de 2018 falló a favor de la firma extranjera declarando que Bolivia debe pagar una compensación de $us 28.840,000. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de $us 25.588.525.
Consorcios jurídicos
Otras de las preguntas que respondió Chávez, es la cantidad de consorcios jurídicos internacionales que se contrataron para la defensa del Estado ante el tribunal arbitral. Dijo que se solicitó los servicios de: Foley Hoag, estudio jurídico con sede en Washington, de Estados Unidos que fue parte de dos procesos.
Mientras que la firma francesa Dechert LLP asesoró al Gobierno en ocho demandas. Sin embargo, la autoridad no especificó cuánto se pagó a cada una de las firmas de juristas ni la cantidad de abogados que la conformaban.
Una de las solicitantes del informe oral, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos cuestionó que la autoridad afirme que se haya ahorrado más del 70% de gastos, cuando se pagó más de $us 985 millones en más de una decena de arbitrajes internacionales donde perdió el estado boliviano.
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