En la historia financiera de Bolivia se registra la estafa de $us 1.000 millones en la neoliberal década de los años ‘90 con la quiebra o el cierre forzoso de bancos, provocada por “inescrupulosos banqueros y partidos políticos en medio de escandalosos delitos”.
El libro del fallecido periodista Roberto Cuevas, “Estafa del siglo: Quiebra de bancos”, agotado en tres ediciones sucesivas por su rigurosa investigación, inexistente en librerías, llegó a esas conclusiones y describió con pulcritud un rosario de delitos cometidos por esa combinación de políticos y banqueros.
“Organización criminal, falsedad material e ideológica, uso tramposo de documentos falsificados, hipotecas con garantías inexistentes, incumplimiento de contratos, evasión de impuestos, desvío de cuentas fiscales, uso arbitrario de fondos provenientes de créditos internacionales, complicidad y encubrimiento”.
A ese prontuario se agrega, según el texto de Cuevas, una “impresionante cartera de créditos incestuosos con el uso de palos blancos o testaferros y préstamos entre ellos mismos”.
La pérdida de los $us 1.000 millones de esa época, cuyo valor a hoy bordearía los $us 10.000 millones, la asumió el país, porque el Banco Central de Bolivia (BCB) desembolsó dinero fresco para su devolución a espantados ahorristas y cuenta correntistas.
El dinero que dispuso el ente emisor salió del Tesoro General de la Nación, al que todos los bolivianos aportan.
“La truculenta historia de este infame expediente” está testimoniada en el libro de Cuevas, un renombrado docente universitario que recoge miles de documentos del Banco Central de Bolivia, Contraloría General de la entonces República, Superintendencia de Bancos, Cámara de Diputados, Ministerio Público, tribunales de justicia, archivos hemerográficos y bibliográficos.
1998, la investigación
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados concluyó, en marzo de 1998, un extenso informe sobre la liquidación de dos bancos y requirió un proceso judicial contra altos ejecutivos del gobierno ultra neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El documento nunca fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja debido a, de acuerdo con la investigación del periodista, retorcidas maniobras de parlamentarios cómplices, pese a que la Comisión de Hacienda estaba presidida por el movimientista Guillermo Bedregal Gutiérrez, del mismo partido de Sánchez de Lozada, y conformada por representantes de los partidos tradicionales de entonces.
La investigación legislativa señalaba con puntualidad la corrupción cometida en la liquidación de los bancos Sur y Cochabamba, cerrados forzosamente por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el 24 de noviembre de 1994.
Tres años más tarde correría igual suerte el Bidesa con cárcel para sus ejecutivos Jorge Córdova Serrudo, Guillermo Gutiérrez Sosa y Luis Fernando Roberto Landívar Roca.
“Estafa del siglo: Quiebra de bancos es, en ese marco, un testimonio denuncia sobre el impune manejo de recursos de los bolivianos en el encubrimiento a delincuentes de cuello blanco”, resumía Cuevas sobre su obra.
Capitalización y quiebra de bancos
En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se dispuso, a través de su operador Alfonso Revollo Thenier, la venta de todas las empresas del Estado a título de capitalización, proceso para el cual necesitaban una imagen financiera solvente.
“Lo que no contaban era con la astucia de los banqueros que, para ese momento, ya habían dilapidado todos sus recursos poniendo en riesgo el proyecto de Sánchez de Lozada”.
Para superar este escollo Goni, el apodo del entonces presidente, dictó el Decreto 23841, de 13 de agosto de 1994, por el que creó un colchón financiero a la banca, resolviendo “otorgar créditos, garantías y avales a mediano y largo plazo, a entidades financieras privadas legalmente establecidas en el país”.
Pero ese decreto tenía mayor alcance y a la letra dice: “Cuando el Banco Central de Bolivia no pueda recuperar el dinero con el que cubra las deudas de la banca privada (…) corresponderá al Tesoro General de la Nación cubrir las pérdidas ocasionadas en el Instituto Emisor, reembolsando los saldos (incobrables) por concepto de activos comprados, garantías y avales no recuperados, con bonos redimibles a 99 años”.
Con semejante aval, dijo en su oportunidad el autor del libro, los banqueros manejaron alegremente sus cuentas timando al Estado, labor que ya la venían realizando desde una década anterior cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), del mismo partido que Goni, les asignó recursos provenientes de entidades internacionales para que operen como intermediarios en la concesión de créditos.
De allí es que viene la historia de bancos quebrados o intervenidos como el de Vivienda, Oruro, Potosí, Progreso, Latinoamericano de Desarrollo, Financiamiento Industrial, Cochabamba, Sur, Bidesa, Big Beni, los bancos estatales y otros, así como la fusión de dos bancos quebrados, el de Inversión Boliviano, de Jaime Gutiérrez Moscoso y Mauricio Urquidi Urquidi, y el Industrial y Ganadero del Beni, de Carlos Irving Cronembold y Jorge Córdova Serrudo que, en 1993, dan paso al Banco Sur S.A.
La quiebra o cierre forzoso de 12 bancos ocurrió entre julio de 1987 y diciembre de 1997.
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Créditos
Estafa del siglo: Quiebra de bancos es un libro revelador y explosivo porque incluye en detalle nóminas completas de sujetos que fueron utilizados como palos blancos para obtener créditos desde $us 45.000 a $us 2 o 3 millones, con garantías falsas o inexistentes. Además de parientes en todo grado, aparecen dependientes domésticos como cocineras, choferes, jardineros, hasta notables personajes.
Además, registra hechos anecdóticos como el de una trabajadora del hogar, doña Petita, empleada de Guillermo Gutiérrez Sosa, que en la mañana de un día cualquiera mientras le servía su desayuno le pide que firme un formulario y le preste su cédula de identidad y que, a las cinco de la tarde de ese mismo día estaba saliendo del Banco de Cochabamba con un cheque por $us 900.000 a nombre de “doña Petita”.
O el caso de un minerito desocupado que por Bs 100 prestó su nombre para una publicación en el periódico El Diario denunciando manejo dispendioso de un crédito de la Corporación Andina de Fomento por $us 60 millones con base en un “pacto de caballeros” entre ejecutivos del BCB, Asoban Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente.
El minerito a las celdas policiales y los ejecutivos, bien gracias.
Y el caso de un cheque fantasma de la Superintendencia de Bancos por la suma de $us 20 millones, supuestamente producto de la recuperación de fondos provenientes de los bancos liquidados para ser entregado al Banco Central y que, a la hora de la verdad, el BCB nunca lo recibió, no existió dicha recuperación y el cheque sólo sirvió para montar un show mediático.
En lo que a la investigación propiamente se refiere, sólo entre los tres bancos piloto, motivo de la investigación, el monto total de pérdida superó los $us 500 millones, entre dinero en efectivo entregado por el Estado para devolver a ahorristas y cuenta correntistas, desvío de recursos internacionales, permanente succión de fondos del BCB y créditos vinculados, a los que se suma $us 50 millones como costo promedio de la liquidación a cargo de la Superintendencia, sin mayores resultados.
El libro tiene el detalle de cada centavo de estas operaciones ilegales.
“El gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) defendió a capa y espada a Roberto Landívar por favores recibidos en su juventud, fallecido el protector, Jorge Quiroga (2001-2002) arremetió contra este no precisamente porque buscaba enderezar entuertos, sino porque la Embajada de los Estados Unidos lo puso contra la pared exigiendo imagen de lucha contra la corrupción”, señala el libro.
La obra recuerda que durante la dictadura banzerista de los ‘60 el Banco Agrícola fue entregado como botín de guerra a los falangistas y el Banco del Estado a los movimientistas, mientras que en los ‘80 Paz Estenssoro frenó la hiperinflación, pero abrió las compuertas de la corrupción entregando a los banqueros dinero para la reactivación. Jaime Paz Zamora liquidó los bancos estatales.
Roberto Cuevas dijo en su momento, frustrado por la impunidad en la gigantesca estafa, que “manejar esa información al detalle quizá sólo tenía valor testimonial porque las generaciones involucradas, coludidas con el Poder Judicial, se han dado a la tarea de echar un piadoso manto de olvido a los delitos cometidos, mientras que, a las generaciones de hoy, o no les interesa o están involucradas en otros derroteros históricos”.
ABI
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