Ahoradigital.- El Gobierno defendió el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares a tres años y aseguró que las medidas contempladas en el programa responden a decisiones soberanas y responsables de la administración de Rodrigo Paz.
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó en Sucre que el programa contempla revisiones trimestrales, metas fiscales y desembolsos sujetos al cumplimiento de un cronograma y de determinados objetivos económicos. La aplicación del acuerdo, sin embargo, está condicionada a su aprobación por la Asamblea Legislativa.
Entre los principales compromisos figura la reducción progresiva del déficit fiscal hasta alcanzar el -2%, además de la acumulación de Reservas Internacionales Netas por cerca de 9.000 millones de dólares hasta 2031. También se establece una limitación al financiamiento del Banco Central al Tesoro.
Morales remarcó que las medidas incluidas en el programa no significan que el país haya cedido su capacidad de definir su política económica. Por el contrario, sostuvo que las decisiones fueron planteadas por el propio Gobierno en función de la situación económica que atraviesa Bolivia.
Uno de los puntos que genera mayor atención es el futuro de la subvención a los carburantes. El ministro afirmó que una eventual reducción de este beneficio no responde a una exigencia del FMI, sino a una decisión interna del Gobierno vinculada a la responsabilidad de ordenar las cuentas públicas.
El acuerdo también contempla medidas de protección social destinadas a reducir el impacto de las políticas de ajuste sobre los sectores más vulnerables y contener las presiones inflacionarias. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es recuperar la estabilidad económica sin dejar de lado la protección de las familias.
El programa deberá ser analizado ahora por la Asamblea Legislativa, instancia que tendrá la última palabra sobre su aprobación. Mientras el Gobierno considera que el financiamiento permitirá enfrentar la crisis y recuperar las reservas, el acuerdo también abre un nuevo debate político sobre el nivel de ajuste que Bolivia está dispuesta a asumir y las condiciones asociadas al financiamiento externo.
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