La Contraloría General del Estado emitió un informe preliminar sobre un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que el Gobierno de Jeanine Añez activó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 y halló responsabilidad en 25 exautoridades, por lo que se podría activar un proceso civil para la recuperación de Bs 200,4 millones.
El parte de control tiene fecha del 2 de marzo de 2022 y a varios implicados recién los notificaron el miércoles 11 de mayo. En la parte conclusiva del texto menciona: “Las acciones y/o omisiones descritas precedentemente constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, inciso c) de la Ley 1178 y están sujetos a la aplicación del artículo 77, inciso i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por concepto de pérdida de bienes del Estado por negligencia y/o irresponsabilidad de los funcionarios, a cuyo cargo se encuentran, por el importe de Bs 200.454.122,18 en contra de…”
Luego, agrega los nombres: “José Luis Parada Rivero, exministro de Economía; Guillermo Aponte Reyes, expresidente a.i. del Banco Central de Bolivia; Walter Erik Guzmán Tordoya, exgerente de Operaciones Internacionales del BCB; Sergio Bernardo Dávila Corrales, exgerente de Asuntos Legales a.i.; y Ludgi Marcia Morales Soruco, exjefe del Departamento Legal en Banco Central e Investigación.
Tomado de ANF
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