La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre el caso denominado “gasolina basura”, que concluye que el ingreso, internación y comercialización de gasolina desestabilizada en Bolivia no fue un hecho fortuito y recomienda profundizar las investigaciones para establecer responsabilidades.
El documento plantea remitir antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público, para que ambas instancias realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y determinen responsabilidades individuales por las irregularidades detectadas.
Las observaciones alcanzan a dos gestiones de Gobierno. Por la administración del expresidente Luis Arce, el informe menciona al exmandatario, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al expresidente de YPFB Armin Dorgathen.
También señala a exautoridades de la gestión del presidente Rodrigo Paz: el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, el expresidente de YPFB Yussef Akly y la exdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Margot Ayala.
En el caso de la ANH, las observaciones alcanzan además a Germán Jiménez y Joel Callaú Justiniano, quienes dirigieron la entidad durante la anterior administración.
Pero las recomendaciones no se limitan a quienes dejaron sus cargos. El informe aprobado plantea también profundizar las investigaciones sobre actuaciones y posibles responsabilidades de autoridades y funcionarios de la actual administración del sector hidrocarburos, para establecer si existieron acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.
La comisión sostiene que el ingreso y posterior comercialización de gasolina desestabilizada “no responde a un evento fortuito”, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas. Entre sus conclusiones también señala una “ausencia total de control de calidad”.
La investigación identificó presuntas fallas en distintos eslabones de la cadena, con observaciones sobre las actuaciones de YPFB y la ANH y los mecanismos utilizados para verificar la calidad del combustible antes de su comercialización.
La aprobación llegó después de una extensa jornada legislativa. Primero se dio lectura al informe ante un hemiciclo con cerca de 45 diputados presentes. Algunos legisladores conversaban y otros no prestaban atención mientras se exponían las conclusiones. Incluso el presidente de Diputados, Roberto Castro, permaneció por momentos fuera de su curul conversando con otros parlamentarios.
Concluida la lectura, la sesión ingresó en un cuarto intermedio que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Posteriormente fue reinstalada, comenzó el debate y finalmente el pleno aprobó el informe de la comisión especial.
Con esa decisión concluye la etapa de investigación parlamentaria y las recomendaciones apuntan ahora hacia otras instancias del Estado: la Contraloría y el Ministerio Público deberán profundizar las investigaciones para determinar si las irregularidades detectadas generan responsabilidades administrativas o penales y quiénes deberán responder por ellas.
El Deber
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