EFE.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia denunció este jueves que el Legislativo analiza un proyecto que ley que otorgaría «impunidad» a los sindicalistas y obreros para «atentar» contra la actividad privada.
El proyecto pretende introducir excepciones a la tipificación de los delitos de «sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo» incluidos en el Código Penal boliviano, explicó el gremio en un comunicado.
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Con esta norma se busca «eximir de responsabilidad legal a los dirigentes sindicales o trabajadores» que cometan estos delitos actuando en el marco de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, indicaron los industriales.
Esto «en la práctica, significaría otorgar privilegios especiales a algunos ciudadanos en relación los demás habitantes del país», alertó la cámara.
El sector expresó su «absoluto rechazo» al proyecto de ley argumentando que mejorar el contenido de normas importantes para el país, como el Código Penal, «no puede significar generar impunidad para atentar contra la actividad privada que es el verdadero motor del desarrollo económico».
Según los industriales, desde hace varios años la normativa laboral boliviana «se ha volcado de manera inequívoca y discriminatoria en contra del empresario privado» y la mayoría de los casos que atiende el Ministerio de Trabajo se resuelven en favor de los trabajadores.
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»El riesgo al exceptuar de responsabilidad a los dirigentes o trabajadores incluso va más allá del derecho del trabajo y de la propiedad, debido a que si se trata de una actividad relacionada con servicios básicos y esenciales, se vulneran los derechos de toda la población», manifestó el sector.
En 2018, el Gobierno de Evo Morales puso en vigencia la Ley de Creación de Empresas Sociales, que permite a los trabajadores reabrir las fábricas declaradas en quiebra o abandonadas por sus dueños, que en su momento rechazaron las patronales bolivianas.
La Cámara de Industrias señaló que esa norma «ya abre la posibilidad» de que los trabajadores se hagan con la propiedad de los bienes y el patrimonio de la empresa «en forma arbitraria y confiscatoria por causales que van más allá de las razonablemente previstas en el Código de Comercio».
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Por lo que la nueva ley proyectada constituiría «una adición fatal a un marco normativo ya desequilibrado», según la cámara.
Además, «generaría un evidente incentivo para que, al amparo de supuestos conflictos laborales o el ejercicio del derecho a la huelga», se afecte la actividad privada y se valide la «ocupación de establecimientos industriales, agrícolas o mineros, dejando sin castigo los daños que se provoquen en este afán», advirtieron.
El sector pidió al Ejecutivo y al Legislativo actuar «con sensatez» y evitar una ley que «solo redundaría en disminuir aún más el atractivo del país» para la inversión privada.
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