Desde el 2006, la nacionalización de 13 empresas por parte del gobierno de Evo Morales le costó al Estado $us 1.238.872.806 en laudos arbitrales, tomando en cuenta que las multinacionales afectadas interpusieron demandas en estrados internacionales.
La semana pasada se conoció que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo en el que establece que el Estado boliviano debe pagar a la empresa multinacional Glencore Financie $us 253.591.796, por la nacionalización del complejo Metalúrgico de Vinto y la mina de Colquiri.
Al respecto, el analista económico Gonzalo Chávez dijo que esa política tiene que ser observada sobre todo en la nacionalización de los hidrocarburos, tomando en cuenta que se pagó por la nacionalización de YPFB y que no se invirtió en la exploración. En las últimas semanas el presidente Luis Arce dijo que se tocó fondo en la producción de gas.
“El contra argumento es que se ha hecho tan malas las cosas que, en vez de tener una pizza para los próximos años, agarraste y te los has comido en menos tiempo, has hecho desaparecer el gas. Entonces, en ese contexto estas políticas tienen que ser observadas en la línea mataron la gallina de los huevos de oro y encima hay que pagar por la nacionalización”, manifestó.
Las nacionalizaciones
De acuerdo con los datos que presentó el exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez ante la Cámara de Senadores en junio del año en curso, el primer caso se registró en 2010 cuando el Estado boliviano pagó $us 100 millones a la empresa de Euro Telecom International (ETI) que demandó al país por la nacionalización de Entel, en 2006. El monto demandado inicialmente fue de $us 1.089.582.000.
La indemnización más alta es la que se pagó a Pan American Energy por la nacionalización de la empresa petrolera YPFB Chaco S.A., en 2009, se desembolsó $us 357.023.360 como parte de un acuerdo que se llegó en 2014.
En julio de 2018, se conoció que el país perdió la demanda arbitral ante el CIADI que fue interpuesto por la sociedad chilena Quiborax S.A y Non Metallic Minerals S.A., debido a la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni. Se acordó un pago de $us 42,6 millones después de una larga controversia por la falta de atención de las autoridades del Ejecutivo.
En 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia por la nacionalización del sistema de pensiones BBVA Previsión y estableció una indemnización de $us 105.017.182, a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A que demandó al país por el traspaso de los fondos de pensiones a manos del Estado.
De acuerdo con la explicación del procurador, en los tres casos cerrados ante el CIADI, el Estado pagó $us 499.700.090 y dijo que esa cifra solo representa al 18.28% del monto total demandado por las empresas demandantes.
El 26 de febrero de 2014, la empresa Red Eléctrica Internacional S.A.U., presentó la notificación de arbitraje contra el Estado por la apropiación de la Transportadora de Electricidad S.A., en favor de ENDE. Tras una negociación la firma aceptó la compensación de $us 65.268.000.
La firma Inversiones Econergy Bolivia S.A., demandó internacionalmente al Estado por la nacionalización de la empresa Corani S.A. – Energía, en 2010, pasando a la administración de ENDE. El gobierno arribó a un acuerdo con la empresa para la indemnización de $us 18.425.000
La nacionalización de la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., causó que la firma The Bolivian Generating Group LLC, que estaba a cargo de su administración, demande al país en mayo de 2010. Se llegó a un acuerdo para la indemnización de $us 10.245.627.
En 2014, las empresas Iberdrola S.A., e Iberdrola Energía S.A.U., interpusieron un arbitraje internacional por la apropiación de las subsidiarias de Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser que brindaban el servicio de energía en el país. se acordó el pago de $us 34.175.648.
En 2015, la Paz Holdings LTD notificó al país con una demanda arbitral por la apropiación de las Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser, porque tenía un paquete accionario en cada una de ellas. Sobre ese proceso. Bolivia negoció con la empresa a través del Ministerio de Hidrocarburos, ENDE y la Procuraduría por $us19.505.531.
El 1 de marzo de 2012 la Empresa Rurelec Plc., constituida en Londres, demandó al Estado el Tribunal Arbitral conformado ante la Corte Permanente de Arbitraje CPA, por la nacionalización de la Empresa Guaracachi América Inc., del sector energía. Por Laudo Arbitral de fecha 31 de enero de 2014, estableció una compensación $us36.023.114, pero a través de una negociación se logró reducir el monto a $us 31.534.613.
Finalmente, la South American Silver Limited, accionista de la empresa Mallku Khota – sector minero, notificó al país con un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje. Esa instancia, el 22 de noviembre de 2018 falló a favor de la firma extranjera declarando que Bolivia debe pagar una compensación de $us 28.840,000. Sin embargo, se determinó un monto final a cancelar de $us 25.588.525.
ANF
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