El sistema financiero boliviano cerró el primer semestre de 2026 con Bs 1.995 millones de utilidad neta, un incremento del 77% frente al mismo periodo de 2025, según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB).
El reporte también indica que el índice de morosidad se ubicó en 2,9% al mes de junio de esta gestión.
El desempeño se produjo en un contexto marcado por un menor dinamismo económico, episodios de incertidumbre y los conflictos sociales de mayo y junio. Pese a ese escenario, las entidades financieras mantuvieron niveles adecuados de liquidez, solvencia y calidad de cartera, acota el documento.
Los depósitos continuaron con la recuperación que comenzó a finales de 2025 y alcanzaron niveles elevados. Sin embargo, el aumento de las tasas pasivas elevó el costo de fondeo para las entidades.
La cartera de créditos mantuvo un crecimiento moderado y los desembolsos recuperaron dinamismo hacia el cierre del semestre. A junio, la mora mostró una reducción respecto a los meses anteriores y llegó al 2,9%.
Sistema financiero
Aunque la morosidad se mantuvo contenida, el sistema todavía enfrenta riesgos vinculados con la cartera reprogramada, que alcanzó el 12,2% de la cartera total.
El análisis destaca que las previsiones de las entidades mantuvieron una cobertura superior a la cartera en mora.
Además, las pruebas de tensión –según el BCB– mostraron que el sistema podría mantener niveles de solvencia por encima de los requerimientos regulatorios incluso ante un escenario de mayor deterioro de la actividad económica.
En este contexto, la rentabilidad también alcanzó niveles destacados. Los indicadores de rentabilidad registraron sus niveles más altos desde 2018, mientras que los niveles de capital reforzaron la capacidad de las entidades para absorber eventuales pérdidas.
Por su parte, el Sistema Integral de Pensiones mantuvo una elevada interrelación con el sistema financiero y el sector público. Si bien los DPF y los títulos públicos continuaron concentrando la mayor parte de sus inversiones, durante el semestre se moderó el crecimiento de las colocaciones en el sector estatal y aumentó la participación de recursos de mayor liquidez.
La Razón
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