Después de que la Cámara de Diputados aprobará la Ley Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, surgieron muchas voces que cuestionan esta iniciativa legislativa.
Frente a las críticas, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo que esta norma no incorpora ninguna nueva atribución a esa entidad, solo compila normas dispersas y no afecta el secreto bancario, el cual está vigente, según el reporte de la agencia ABI
Entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, la funcionaria acusó a los sectores de la oposición de estar inmersos en «una campaña de mentiras, amedrentamiento y tergiversaciones sobre ese proyecto de norma que se analiza en el legislativo».
“El secreto bancario está regulado por la Ley 393, que es la ley de servicios financieros (…) esta ley (el proyecto de norma de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas) no está modificando nada en lo que se refiere al secreto bancario. El secreto bancario se mantiene en las mismas condiciones que estaban ya reguladas”, indicó Morales.
En este contexto, aseguró que el proyecto de ley en análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional, “no está pretendiendo otorgar ninguna nueva atribución a la UIF, más de las que ya tenía”.
Dijo que la propuesta legal solamente unifica, organiza el cuerpo normativo y “además, estamos haciendo que estos tipos penales de financiamiento al terrorismo, de la legitimación de ganancias ilícitas, estén enmarcados en estándares internacionales, en estándares que aseguran la protección de los derechos humanos y que no se utilicen como instrumentos de persecución”, aclaró.
Acusó a la oposición de difundir mentiras y tergiversaciones sobre el proyecto con el fin de amedrentar y atemorizar a la población, pero no demuestran qué artículos del proyecto de ley violan qué normas legales en vigencia.
El diputado Edwin Bazán, de Creemos, es uno de los que critica dicho proyecto de ley, pues asegura que la norma deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas.
“Primero lo meten preso y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS, es un proyecto de Ley abiertamente inconstitucional”, apuntó el diputado.
El Deber
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