El Ministerio de Economía espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre una solicitud de medidas cautelares en contra de la Ley 1670 de diferimiento del pago de créditos de vivienda social y de micro y pequeña empresa.
De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, representantes de las entidades financieras objetaron el trámite de la ley en la Asamblea Legislativa y la impugnaron.
Según alegan, a pesar de que el Senado modificó la ley, inicialmente aprobada por Diputados, no retornó a la Cámara de Origen, y se la derivó de forma directa a la Asamblea Legislativa, donde fue sancionada con el texto propuesto por Diputados.
“Tenemos conocimiento de que ha habido una presentación de medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional por parte de varios gremios de entidades financieras y esto tiene que ver con el proceso irregular que se ha seguido para la aprobación de esta ley”, explicó Espinoza.
Aprobada en la Asamblea el 31 de octubre, la Ley fue promulgada el 5 de noviembre.
La norma establece que las entidades financieras deben diferir automáticamente por seis meses el pago de cuotas de créditos de vivienda de interés social y de micro y pequeñas unidades económicas, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.
Además, plantea beneficiar a 1,4 millones de prestatarios de acuerdo con el siguiente detalle: 100.071 en operaciones de créditos de Vivienda de Interés Social, 1.319.991 en operaciones microcrediticias y 12.960 en créditos a unidades pequeñas.
El 6 de noviembre, el gabinete de ministros del expresidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 5484 que reglamenta la Ley 1670 y que, entre otros aspectos, instruye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), en el plazo de hasta cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, emitir las disposiciones necesarias para la aplicación de la norma.
Con el recurso presentado en el TCP, ninguna de las entidades ejecutó las medidas.
El ministro Espinoza explicó que “vamos a tener que esperar a ver lo que dice la justicia respecto al procedimiento y ver cómo se va a gestionar ese mal procedimiento (en el) Legislativo”.
“Habrá que ver qué dice la justicia en este caso, nosotros nos vamos a ajustar a lo que diga el procedimiento, si esa acción de medidas cautelares resulta procedente o no”, insistió.
ABI
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