El cierre de alguna de las plantas de industrialización provocará pérdida de fuentes de empleo, riesgo en el abastecimiento del mercado interno y problemas, de ser el caso, en la exportación y generación de divisas, advirtió el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.
“Muchas organizaciones sociales y algunos alcaldes se pronuncian en el sentido de poder apoyar y defender este proceso de industrialización, porque esta industrialización, este proceso, es para el pueblo boliviano, para generar fuentes de empleo, crecimiento económico y esa dinámica pueda repercutir en mejores condiciones de vida para el pueblo”, explicó.
La administración del presidente Luis Arce encaminó la política de industrialización con sustitución de importaciones en diferentes regiones y rubros de Bolivia, para crear polos de desarrollo. Entre estas están las plantas de transformación de subproductos de soya en Santa Cruz, y de acopio en diferentes lugares para fortalecer la seguridad alimentaria e incentivar la producción.
En junio se informó de las plantas en operaciones: Planta procesadora de quinua, en Patacamaya (La Paz), con una inversión de Bs 6 millones; Planta de cereales, en Viacha (La Paz), construida con Bs 182 millones; Planta de transformación de papa, en El Alto (La Paz), cuya edificación alcanza a Bs 160 millones; Laboratorios y oficinas de Ibmetro (Instituto Boliviano de Metrología), en Achocalla (La Paz), edificados con Bs 45 millones; Planta procesadora de alimentos balanceados, en Sucre (Chuquisaca), que requirió Bs 11 millones; Industria de camélidos, en Turco (Oruro), con una inversión de Bs 73 millones.
También están la Planta procesadora de quinua, en el cantón Soracachi (Oruro), que demandó Bs 353 millones; Planta de procesamiento de lácteos, en Challapata (Oruro), que requirió Bs 45 millones; Planta de fertilizantes granulados, en Santivañez (Cochabamba), demandó Bs 33 millones; Procesadora de lácteos, en Mizque (Cochabamba), requirió Bs 9 millones; Centro de almacenamiento de granos, en Yacuiba (Tarija), bordeó los Bs 122 millones; Planta de transformación de soya, en San Julián (Santa Cruz), construida con Bs 424 millones; Planta de biodiesel I, en Santa Cruz de la Sierra, construida con Bs 413 millones; y de la Planta Siderúrgica del Mutún, en Puerto Suárez (Santa Cruz), demandó Bs 3.090 millones.
“Claramente el impacto va a ser negativo de cerrar, si es que se decide cerrar algunas plantas o afectar algún tema productivo, porque se van a perder fuentes de empleo, la posibilidad de producir, perder la posibilidad de abastecer el mercado interno o en su caso exportar productos que significa perder también una fuente de divisas, entonces, son varios efectos”, advirtió.
Uno de los pilares de la actual administración fue la industrialización, lo que, aseguró Cusicanqui, se defenderá desde el llano, porque es un derecho del pueblo.
ABI
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