Ahoradigital – El Gobierno analiza recurrir a alianzas público-privadas para recuperar empresas estatales que atraviesan dificultades financieras, ante la falta de recursos del Estado para inyectar capital y sostener por sí solo a las compañías con posibilidades de recuperación.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que la situación será evaluada empresa por empresa. Mientras algunas podrían ser reactivadas con inversión y experiencia del sector privado, otras deberán avanzar hacia procesos de cierre o liquidación.
Zamora remarcó que una alianza con privados no necesariamente significaría entregar la propiedad de las empresas al sector privado. La propuesta contempla que el Estado mantenga su participación y que un socio privado aporte capital, tecnología y conocimientos especializados.
“El privado sea socio de los bolivianos, así mantenemos los bolivianos la propiedad”, sostuvo Zamora.
El problema: empresas que requieren recursos
El planteamiento surge en medio de la revisión de las empresas públicas que acumulan pérdidas. En abril, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) informó que 15 de las 67 empresas públicas se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas por Bs 2.655 millones.
El Gobierno ya comenzó a tomar decisiones. Uno de los primeros casos fue Datacom, subsidiaria de Entel, cuyo proceso de liquidación fue anunciado como parte de la estrategia para reducir gastos de empresas deficitarias. Según el Ejecutivo, su cierre permitirá un ahorro superior a Bs 30 millones anuales.
Viru Viru y carreteras
Zamora también puso como ejemplo proyectos que podrían ejecutarse bajo esquemas de asociación con privados.
Entre ellos mencionó el proyecto de un hub aéreo en Viru Viru, en Santa Cruz, que requeriría una inversión cercana a $us 300 millones. La propuesta sería asociarse con una empresa especializada en administración aeroportuaria que aporte tanto recursos como experiencia.
También planteó utilizar mecanismos similares para determinadas carreteras. Citó el tramo entre Quillacollo y Río Abajo, señalando que una empresa privada podría financiar y construir la obra, administrarla durante un periodo determinado y posteriormente operar bajo las condiciones establecidas en el contrato.
La propuesta se produce mientras el Gobierno de Rodrigo Paz busca reducir el peso financiero de las empresas estatales y, al mismo tiempo, atraer capital para infraestructura y proyectos productivos. En paralelo, Paz informó desde Estados Unidos que gestiona una cartera de recursos cercana a $us 10.000 millones con organismos como CAF, BID y Banco Mundial, aunque esa cifra corresponde a una cartera de financiamiento y no a un desembolso único e inmediato.
El debate que se abre ahora es qué empresas tienen posibilidades reales de recuperación, bajo qué condiciones ingresarían los privados y cómo se garantizaría que el Estado conserve la propiedad o participación que corresponda en cada caso.
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