La toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas por parte de grupos afines al Gobierno, revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa, advierte la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que evidencia el debilitamiento de la seguridad jurídica.
“El silencio y la inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones, evidencian también el debilitamiento de la seguridad jurídica en el país”, señala el pronunciamiento del ente matriz de los empresarios, en alusión a los hechos registrados en Santa Cruz que cumplió el sexto día de paro cívico en demanda de la realización del censo el 2023.
La CEPB advierte que la narrativa anti empresarial que se manifiesta desde el Gobierno, en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas que aportan a la construcción del país, deterioran la confianza que debe ser el pilar fundamental del desarrollo productivo. En la víspera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro adjetivó de “golpistas” a empresarios.
“Los empresarios privados de Bolivia, ante la escalada de violencia y descontrol, generados nuevamente por decisiones políticas, que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales, expresamos nuestra posición”, señala partes salientes del pronunciamiento.
El sector empresarial también consideró profundamente injusta, la decisión política de suspender las exportaciones de productos alimenticios como el aceite, azúcar, carne, entre otros.
“Esta medida tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones”, advierte el sector empresarial.
Ante este escenario, el sector del transporte pesado internacional dio un plazo de 24 horas al Gobierno para resolver el conflicto y revertir el decreto que prohíbe la exportación de varios productos desde el oriente, bajo la advertencia de activar bloqueos de carreteras de todo el país con cierre de fronteras.
Tomado de Brújula Digital
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