El vicepresidente Edmand Lara exigió al Gobierno de Rodrigo Paz informar con claridad cuánto gas natural le queda a Bolivia, después de cuestionar el Decreto Supremo 5755, que autoriza excepcionalmente a personas y empresas públicas y privadas a importar este recurso para consumo propio o generación de electricidad.
“Díganle la verdad al país cuánto gas nos queda. No generen pánico, pero tampoco oculten las cosas”, manifestó Lara, al reclamar transparencia sobre la situación energética nacional.
La autoridad advirtió que la autorización para importar gas podría tener consecuencias económicas si los costos de adquisición en el mercado internacional se trasladan a los consumidores.
Alerta por el precio de los alimentos y la electricidad
Lara sostuvo que la compra de gas en el exterior, a precios internacionales y con pagos en dólares, podría incrementar los costos de producción y repercutir en los precios de productos de consumo cotidiano, como el pan, el pollo, los alimentos procesados y los fertilizantes.
También advirtió que una mayor demanda de dólares para financiar estas operaciones podría ejercer presión sobre el tipo de cambio, alimentar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los salarios.
El vicepresidente expresó, además, su preocupación por los pequeños productores, panificadores, talleres y fábricas, que podrían tener menos capacidad económica para importar gas que las grandes empresas.
En ese contexto, cuestionó cómo se garantizará el abastecimiento para los sectores productivos de menor tamaño y evitará que el costo de la energía termine afectando a las familias bolivianas.
¿Qué establece el decreto 5755?
La norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz autoriza de manera excepcional la importación de gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o generación de electricidad.
El decreto establece que el combustible importado no puede comercializarse ni transferirse a terceros. Asimismo, obliga a los importadores a reportar los volúmenes adquiridos, la calidad del producto y el precio de compra, bajo mecanismos de control y fiscalización.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene un plazo de hasta 20 días hábiles para aprobar la reglamentación correspondiente.
La medida busca contribuir a la continuidad del suministro energético en un contexto de dificultades en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, para Lara, la autorización abre interrogantes sobre la disponibilidad de las reservas nacionales y los efectos que podría tener la importación sobre la economía.
El Gobierno debe aclarar la situación energética
El reclamo del vicepresidente pone en el centro del debate la necesidad de transparentar las reservas de gas natural, la capacidad de producción del país y las perspectivas de abastecimiento para los próximos años.
Bolivia enfrenta el desafío de garantizar el suministro interno mientras busca soluciones a la caída de su producción de hidrocarburos. En ese escenario, conocer cuánto gas queda, cuánto se produce y cuáles son los planes para recuperar la capacidad productiva resulta fundamental para evaluar las decisiones del sector.
Hasta el momento, el cuestionamiento de Lara se centra en exigir información pública sobre las reservas y advertir sobre los posibles efectos económicos del decreto. Sus advertencias sobre el encarecimiento de los alimentos y la electricidad representan riesgos planteados por la autoridad, no aumentos que la norma haya establecido automáticamente.
Ahoradigital
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